viernes, 20 de enero de 2017

La luz sube por el fracaso del mercado del gas donde Rajoy colocó a un amigo

RETRIBUCIÓN DE 366.000 EUROS


El ministerio de Energía intervendrá el Mibgas, presidido por el exdiputado popular Antonio Erias Rey.

El Ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El Ministro de Energía, Álvaro Nadal.  Efe
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Octubre de 2015. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto para poner orden en el mercado gasista. Entendía que no operaba de manera transparente. Su objetivo, crear nuevas normas que “facilitarán la entrada a nuevos comercializadores y generarán una señal de precio transparente del gas natural en España, con el objetivo final de incrementar la competencia en el sector y reducir el coste final del gas natural para el consumidor”. Un año y medio después ya ha reconocido que no lo ha conseguido.
Ese Real Decreto se apoyó en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), una empresa que se constituyó años antes (en 2012) pero que no funcionaba de manera efectiva. El Mibgas, realmente, opera como un mercado secundario para España y Portugal en el que se facilita, en teoría, la compraventa de gas.
Al frente de este organismo se había colocado a un político, a un diputado popular: Antonio Erias Rey, que preside el Mibgas desde finales de 2014. Está considerado un hombre afín al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al clan gallego del Partido Popular del que también forma parte la presidenta del Congreso de los Diputados y ex ministra de Fomento, Ana Pastor. El cargo de Erias Rey conllevó una retribución de 366.705 euros en el conjunto del ejercicio 2015, según la memoria publicada en el Registro Mercantil. En 2014, sólo estuvo al frente del Mibgas dos meses, por los que percibió 53.192 euros.
Vigués, nacido en 1952, Erias Rey es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña y doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue diputado en el Congreso por A Coruña desde 2003, durante tres legislaturas consecutivas, hasta que abandonó su cargo para presidir el Mibgas. No era un desconocedor de los entramados energéticos. Fue portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo entre 2012 y 2014 y ponente de varias ponencias claves para el sector, como la de la Ley que regula el sector eléctrico aprobada en 2013, otra acerca de medidas fiscales de sostenibilidad energética o del proyecto de financiación de los costes del sistema eléctrico en 2013.
Pero, a pesar de su perfil político conocedor de la regulación del sector eléctrico, el organismo que preside no ha sido capaz de lograr sus objetivos. El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, lo reconoció este jueves durante la rueda de prensa en la que apuntó las deficiencias del mercado gasístico como una de las causas principales del subidón de la luz en las últimas semanas. Nadal aseguró que el Mibgas es un “mercado secundario pequeño” donde se dan “pocas transacciones”. En concreto, apuntó que sólo el 5% de todo el volumen de gas que se contrata en España.

¿QUÉ ES EL MIBGAS?

Es un mercado mayorista, un ‘hub’. Es decir, un mercado secundario creado para que los operadores del sector compren y vendan gas. Una fórmula que ya existía en la mayoría de países de la Unión Europea.
Su accionariado está participado por el operador del mercado ibérico español de la energía (con 20% del capital), los gestores del técnicos del sistema gasístico español (Enagás), que tiene el 13%; y el de Portugal (10%). Y las grandes eléctricas, porque en el accionariado del Mibgas están presentes todos los grandes del sector energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol, Viesgo, BNP Paribas, EDP..., según la información publicada en Informa. Ninguna de estas empresas puede superar el 3% del accionariado, de forma individual, según marca la regulación. En conjunto, las energéticas tampoco pueden tener más del 30% de las acciones del Mibgas.

PROBLEMAS EN SERIE

Ha tenido que pasar año y medio desde aquel Real Decreto para que el Ministerio de Energía desvele que sólo el 5% de las transacciones del mercado del gas se realizan en el ámbito de este mercado secundario. Toca dinamizarlo, obligando a que los operadores sean más activos.
¿Por qué es importante bajar el precio al que compran y venden gas los operadores? Porque el actual despegue de los precios de la luz se debe a que se está ‘comprando’ mucha energía producida a través de centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas.
Red de electricidad
Red de electricidad  Reuters
El sistema eléctrico funciona como una especie de ‘cesta de energía eléctricas’. En ella, primero se ‘meten’ las centrales nucleares, porque no pueden dejar de funcionar en ningún momento. Si se necesita más luz, después se tira de las hidroeléctricas, que dependen de los niveles de agua en los embalses; y de las eólicas; que dependen del viento.
En las últimas semanas, ni llueve ni hace viento, así que estas dos últimas no pueden ‘meterse’ en la cesta. Hay que tirar de las centrales de ciclo combinado y sus precios dependen de cuánto cuesta el gas en origen. Y eso es lo que se quiere controlar. El Ministerio de Nadal teme que se estén manipulando esos precios de manera artificial. Además, según fuentes del sector gasista, las comercializadoras -las eléctricas- no han ‘acumulado’ gas en previsión a que esta situación de anticiclón y ola de frío podría pasar. Así que, ahora, al no tener gas ‘guardado’ tienen que comprarlo a precio de oro.
Además, tampoco pueden tirar del gas argelino (de donde procede la mayor parte de gas que se consume en España) por problemas de producción en el país norteafricano. Nadal reconoció que a España llega gas argelino, pero poco. Se está tirando de barcos de gas licuado y, de nuevo, son caros.
Hay otro factor a tener en cuenta, las eléctricas dueñas de las centrales de ciclo combinado reciben parte de la factura eléctrica, los denominados pagos por capacidad, para que garanticen que pueden operar los ciclos combinados y tener gas suficiente para ello pase lo que pase. Y, a tenor de las palabras de Nadal de este jueves, eso no ocurre.

LAS MEDIDAS DE NADAL

¿Qué va a hacer el Gobierno? Álvaro Nadal adelantó dos medidas para tratar de frenar la escalada del precio del gas y, como derivada, de la luz. Por un lado, pondrá en marcha una nueva figura: el creador de mercado. Se trata de un operador comercial (que se ha elegido vía concurso) que tiene que hacer que aumente la oferta y haya más competencia en el Mibgas. Nadal no desveló ayer el nombre de ese nuevo operador, que comenzará a operar en los próximos días, y su identidad aún no es pública, según señalan desde el Ministerio de Energía.
La otra medida pasa por obligar a los operadores a que operen en el Mibgas. Que agiten el mercado y la oferta y la demanda conduzca a una rebaja de precios del gas. Hay un problema. Esta medida no depende del Ministerio. El encargado de redactar la nueva metodología para el mercado del gas es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Será este organismo el que fije las condiciones (volumen y precio) en las que los operadores dominantes del mercado gasista oferten el gas. Y no hay plazo. Según Nadal, esa ‘receta’ llegará "lo antes posible" pero asume que la CNMC es un organismo "independiente" que sigue sus propios ritmos.
Además, es el supervisor presidido por José María Marín Quemada el encargado de revisar si están ocurriendo irregularidades en el sistema eléctrico. La CNMC lleva desde diciembre analizando qué pasa, pesquisas que ha intensificado en el mes de enero, cuando se han alcanzado precios en el mercado mayorista que no se recordaban desde finales de 2013.
Si la CNMC encuentra irregularidades no será la primera vez que ocurre. En diciembre de 2015 impuso a Iberdrola una multa de 25 millones de euros por manipular los precios del mercado eléctrico en origen. ¿Qué hizo la eléctrica? Retiró producción de varias centrales hidráulicas para provocar artificialmente una subida de precios. “Hay que evitar que a río revuelto, y en este caso está muy revuelto, haya ganancia de pescadores”, apuntó ayer Nadal, lanzando un dardo envenenado a las eléctricas.

Así se gestaron las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de las cajas gallegas

http://www.eldiario.es/galicia/economia/gestaron-indemnizaciones-millonarias-exdirectivos-gallegas_0_602990520.html

Políticos, representantes de importantes colectivos y empresarios dieron luz verde a los pagos que han llevado a la cárcel a los cinco exdirigentes de Novacaixagalicia
Actuaron como solía hacerse en las extintas entidades de ahorro: callar y mirar hacia otro lado. Tan sólo un consejero votó 'no' desde el inicio
Exdirectivos de NCG deberán indemnizar a Abanca con 10 millones por los finiquitos
José Luis Pego, a su entrada en la Audiencia Nacional EFE

Con José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas ya en prisión, la responsabilidad penal del escándalo de las indemnizaciones millonarias de los ex-directivos de Novacaixagalicia parece resuelta. La sentencia de la Audiencia Nacional y el auto que los envía a prisión deja claro el "impacto macroeconómico" y la "gravedad" del delito que estos dirigentes cometieron en plena crisis y con las cajas en quiebra. Nada de lo que hicieron, sin embargo, pudo haberse llevado a cabo sin la aquiescencia de los representantes políticos y de importantes colectivos que en el consejo de Novacaixagalicia, entidad resultante de la fusión, siguieron la costumbre instaurada durante años en Caixa Galicia y Caixanova: mirar hacia otro lado y dejar hacer. El mismo día en el que la caja única echó a andar, el 1 de diciembre de 2010, el consejo de administración aprueba validar los contratos de alta dirección, origen de las fraudulentas indemnizaciones posteriores. Sin dato alguno, todos los presentes votan a favor. Todos excepto uno, el representante de la plantilla José Luis Regueiro, que justificaba su negativa al "desconocer lo que realmente se está sometiendo a votación".
¿Qué se aprobó? Se validaron los contratos con todas las cláusulas que se habían acordado en Caixanova a favor de Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán y se le permite disfrutar de las mismas condiciones contractuales a García de Paredes, llegado desde Caixa Galicia. Regueiro, miembro de CCOO pero en representación del plantel, reclamó en varias ocasiones información en detalle sobre estos contratos pero nunca se le dio, argumentando que eran privados. Además, y tal y como declaró ante la Audiencia Nacional, la ratificación de las condiciones no figuraba en el orden del día. Con todo, sólo él votó en contra de seguir adelante.
Ya jubilado, un compañero sindical suyo en aquel tiempo y con experiencia en los consejos de las antiguas cajas recuerda lo sucedido: "No es que estuviese totalmente solo y no secundado, sino que el resto consideraban su voto negativo como una locura; las cosas funcionaban así". "Se opuso desde un principio por el oscurantismo y falta de información que rodeaba el proceso", recuerda otro miembro de CCOO. Pero fue el único.
Lo que se acababa de validar en aquel diciembre de hace seis años era el origen de lo que luego saltaría a las portadas en forma de escándalo. Siete meses antes, después de que Caixanova y Caixa Galicia hubiesen acordado la fusión impulsada por Feijóo y tras reclamar más de 1.000 millones de euros al FROB, Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada "acordaron mejorar sus contratos de alta dirección", como relataba la Fiscalía en su querella. En octubre, poco antes de que se confirme la fusión, reciben sus nuevos contratos con importantes mejoras: las pagas variables por resultados pasan a ser fijas y se introducen en la renta vitalicia total y se incluyen las cláusulas que blindan las pensiones por jubilación. García de Paredes se acogerá a estas mismas condiciones.
En agosto de 2011, el consejo de Novacaixagalicia desvela algún detalle -sin dar cifras- sobre lo que se había cocido con anterioridad, sobre lo acordado anteriormente en Caixanova y ratificado allí mismo. Al debatir la provisión de fondos que habría que llevar a cabo para hacer frente a los polémicos contratos -pero también sin dar cantidades-, el representante del Ayuntamiento de Pontevedra y miembro del BNG, José Luis Veiga, así como el de Csica, Miguel Argones, se unen a Regueiro en el voto negativo. A pesar de solicitarla, no se aporta información sobre las compensaciones a los directivos. El resto del consejo votó a favor de este punto del orden del día y volvió a mirar hacia otro lado.

"Estómagos agradecidos"

"No era que los directivos fueran intocables, sino que además hacían ver que lo eran; ya en las cajas, en las asambleas y en los consejos, todo estaba dirigido y manipulado", cuenta un representante de entonces, que recuerda como algún dirigente político les recriminaba no haber denunciado antes esa situación. "Y claro que lo hacíamos, llevábamos años haciéndolo pero nunca nos habían escuchado", insiste quien carga contra "representantes políticos de todos los colores y estómagos agradecidos". "Había asambleas en las que, en el momento de criticar algo, poco menos que el resto nos tiraba de la chaqueta para que nos sentásemos", insiste.
Tan sólo semanas después de aquel consejo de agosto, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes van abandonando Novacaixagalicia y llenando los bolsillos con las indemnizaciones pactadas. Más de 18 millones de euros. A finales de septiembre, el consejero Regueiro vuelve a intervenir reclamando información sobre las cantidades abonadas a los altos directivos tras su marcha. "Son temas privados", recibe como respuesta, según detalla CCOO, que recriminaba a otros miembros del órgano de gobierno de la entidad que "se escandalizasen de lo que ellos mismos habían aprobado".
Pero, ¿quién votaba a favor de todo aquello? En el consejo se sentaban 22 personas, once por cada caja, con sus respectivas retribuciones y dietas. Fernández Gayoso era el presidente de la entidad, cargo que compartía con Mauro Varela, copresidente. En la vicepresidencia, Salvador Fernández Moreda (PSOE), Guillermo Alonso Jáudenes, el empresario Alfonso Paz Andrade, Alfonso Zulueta de Haz y Gonzalo Ortiz, director de la Cámara de Comercio de A Coruña. La vicesecretaria era Pilar Cibrán, nombrada consejera de Caixanova por el Concello de O Porriño.
Además, como consejeros figuraban el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, José Luis Veiga Lage -nombrado por el Ayuntamiento de Pontevedra-, Ángeles Marra (senadora entonces por el PSOE), Miguel Argones, José Luis Regueiro, Federico Martinón, José Taboada López, Juan Ramón Iglesias, la concejala socialista en A Coruña Mar Barcón, José Hervella, Cipriano Elías (alcalde de Riello), el empresario Edelmiro M. Añón, Javier Francisco Caínzos (ex-alcalde de Curtis por el PP) yEnrique Porteiro.
A quien recuerda y formaba parte de aquellas asambleas de las antiguas cajas no le extraña que poco cambiase en el efímero consejo de administración de Novacaixagalicia. "Al final, durante años, aquello para la mayoría eran fiestas, la gente aplaudía, se saludaba, tomaba los pinchos y esperaba el regalo que les tenían preparado", comenta ahora un representante sindical. En el órgano de dirección de la caja fusionada se volvió a mirar hacia otro lado y se votó mayoritariamente a favor de unas indemnizaciones de las que nada se sabía hasta que explotó el escándalo. Era demasiado tarde.

Por qué los ricos de Davos se interesan por la renta básica universal

ANÁLISIS           

http://www.eldiario.es/economia/Davos-debaten-solucion-problemas-economicos_0_602990480.html

El foro discute por segundo año consecutivo sobre la necesidad de implantar una renta básica universal
La pérdida de empleos y el auge del descontento de las clases medias comienzan a convencer a los líderes mundiales de la necesidad de implantar esta medida

Nacen los primeros certámenes de belleza juzgados por robots
Davos se enfrenta a las consecuencias de la fala de redistribución en el capitalismo.
Desde hace ya un año, una preocupación sobrevuela el Foro de Davos (en Suiza). La digitalización de la economía, la automatización de los trabajos (creen que para 2020 se habrán destruido cinco millones de puestos de trabajo en el mundo sustituidos por robots), y el descontento social han sido un caldo de cultivo explosivo para que los supuestamente influyentes líderes que se encuentran en Suiza hayan decidido abordar la posibilidad de crear una renta básica universal.
El debate de implantar una renta básica llegó a España de la mano de algunos sectores de Izquierda Unida luego de Podemos. Pero en otros países, grupos de interés que difícilmente coincidirán con Pablo Iglesias han sido los que han puesto sobre el debate la posibilidad de dar una renta mínima a los ciudadanos. En Estados Unidos ha sido el lobby de Silicon Valley el primero en analizar esta opción de forma más académica, con un grupo de trabajo propio que estudia el efecto en un determinado grupo de población.
Ya se reparte en Ontario, en Alaska, y en Finlandia acaba de comenzar. La idea de que no habrá trabajo para todos ni de la calidad suficiente para garantizar la supervivencia va cogiendo terreno. El precariado avanza en todo el mundo y Trump o el Brexit son las señales más claras de que ese descontento de las clases medias (occidentales) puede desembocar en una ruptura con el orden económico establecido, algo que preocupa a las élites económicas.
Por eso en Davos se habló en la cita del año pasado y  se habló de nuevo el martesde los riesgos y ventajas de implantar la renta básica universal. El Foro atrae a algunos de los principales gurús en la materia, que exponen ante este selecto auditorio lo que de alguna forma se respira en los pasillos como irrefrenable: solo un colchón soportará la caída de la clase media del primer mundo, desplazada por los robots y por el empuje de los países en desarrollo. Por eso también en el Foro se habla de otras fórmulas para edulcorar el capitalismo: "capitalismo responsable" o "capitalismo ético".
El experto de la universidad de Londres Guy Standing, que  acuñó el término precariado para referirse a una nueva clase de trabajadores con condiciones precarias, defiende la renta básica como forma de dar seguridad y una verdadera libertad de elección a estas personas.
Standing fue uno de los ponentes estrella en Davos. "Una seguridad económica y social básica es esencial para una toma de decisiones racional. Ya hoy, con mercados laborales flexibles y economías abiertas, millones de personas se enfrentan a salarios bajos e inestables y a una probabilidad cada vez más baja de escapar de la pobreza de ingresos, por muy duro que trabajen", defiende Standing.
En el Foro están participando también integrantes de los movimientos internacionales que impulsa la renta básica. Es el caso de Scott Santens, miembro de la red por una renta básica de EEUU y asesor del proyecto Renta Básica. Santens se pregunta qué haría una persona si supiera que cada mes va a ingresar mil dólares por el mero hecho de ser ciudadano. "O, posiblemente más importante, ¿qué no haría?", dice.
Santens lanza un desafío para los que lamentan amargamente la desaparición de los trabajos manufactureros o industriales. "Los trabajos manufactureros son para las máquinas. No lamentes su desaparición. Reclama a cambio una renta básica", suele decir este experto.
Uno de los desafíos de Davos, que nació como un club de innovación e ideas pero que se ha ido quedando hueco por su espectacularización (este año una de las asistentes estrella fue Shakira), es imaginar el mundo en 2030. Y las personas en las que Davos buscan inspiración se lo imaginan sin apenas trabajo, o no trabajo a tiempo completo, sin posesiones, ni casa, ni coche, con una renta universal y trabajos que complementen esos ingresos. Esta es la idea de la diputada danesa Ida Auken, que se ha imaginado un mundo hiperconectado, limpio y muy barato.

Corrientes enfrentadas

Pero el panel de expertos del martes dejó ver que las dudas en el establishment político persisten. La excomisaria europea Neelie Kroes, a la que se ha descubierto recientemente una sociedad offshore no declarada en Bahamas, no ve la opción de dar dinero a cambio de "nada", ya que la gente dejaría de trabajar, en lo que es la crítica más recurrente a esta medida.
El político indio Amitabh Kant imagina la renta básica universal como una especie de préstamo que nivelen en los inicios y los ciudadanos puedan devolver al Estado de varias formas. Esta idea choca con lo expuesto por los defensores de la renta básica, que creen que siempre habrá colectivos que no serán capaces de devolver el dinero prestado.
Pero sí concuerdan con Kant en que la renta básica no debe ser en ningún caso un sustituto al trabajo. "Las personas deben seguir colaborando por el bien común de la comunidad", defiende el profesor de Harvard Michael Sandels.
Lo que aún levanta más ampollas es la forma de financiarlo. Standing defiende que los subsidios a la energía fósil o "el capitalismo rentista" (las rentas que obtiene una minoría por propiedades), serían suficientes para financiar parte de esta renta. Hay quién habla de poner un impuesto a los robots, como Pepe Álvarez, secretario general de UGT y cuya opinión ha sido reflejada por la revista de Wharton, la escuela de negocios de Penn, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y que la web del foro de Davos se ha encargado de replicar.

Dudas sobre el altruismo de la medida

¿Por qué la renta básica es ahora foco de interés para Davos e incluso para la cuna de la tecnología, Silicon Valley? Los nuevos modelos de trabajo, la robotización y la probable desaparición de miles de puestos de trabajo en los próximos años están detrás de su interés por buscar fórmulas que mitiguen los cambios.
Silicon Valley está llevando a cabo un proyecto piloto para comprobar los efectos de la renta básica. "La motivación que hay detrás es empezar a explorar alternativas a la red de seguridad social que existe. Si la tecnología destruye empleos o los empleos siguen convirtiéndose en cada vez menos seguros, un número cada vez mayor de personas serán incapaces de vivir con las ganancias de sus empleos", explica la investigadora Elizabeth Rhodes, directora del proyecto.
Sin embargo, las críticas a este modelo también son muchas y señalan los intereses que hay detrás. "Las compañías tecnológicas se llevan a casa los beneficios y afrontan cada vez menos presión para pagar un salario que dé para vivir a sus empleados que no consideran como tal", dice el experto en ética de la tecnología Jathan Sadowski en The Guardian.
Guy Standing reconoce que algunos de los defensores de la renta básica la ven como un sustitutivo de la mayoría de prestaciones y servicios del Estado, mientras que otros la conciben como una especie de "dividendo social".

200 NIÑOS RESCATADOS DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN INDIA.

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https://elblogdenadie.com/2017/01/20/200-ninos-rescatados-de-la-explotacion-laboral-en-india/


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Vivimos en un mundo donde cada millones de niños son explotados, maltratados, abusados sexualmente o asesinados. La semana pasada ya os hablamos de la explotación sexual infantil y el preocupante aumento que está experimentando y está os voy a hablar de una noticia que nos ha llegado desde la India, donde alrededor de 200 niños de entre 8 y 14 años han sido rescatados de varias fábricas de brazaletes localizadas en la ciudad de Hyderabad, en el sur de la India, en una auténtica operación policial que forma parte de una campaña impulsada por el Gobierno para acabar con la explotación infantil.
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Según han explicado las autoridades indias, la mayor parte de los menores tenían entre 8 y 14 años y eran originarios de algunas de las regiones más pobres del país, como los estados de Bihar, Bengala Oriental y Assam.
Esta campaña impulsada, como ya os dije por el propio Gobierno indio, se ha llamado “Operación Sonrisa” y tiene como objetivo luchar contra la explotación infantil y el tráfico de menores.
“Estamos investigando los posibles nexos que puede haber entre los empleadores y los traficantes”, ha explicado Swathi Lakra, la comisaria adjunta de la Policía de Hyderabad encargada de supervisar las operaciones policiales.
“En muchos casos, los padres están deseando que sus hijos puedan ponerse a trabajar para aumentar los ingresos de la familia, algo que juega muy a favor de los traficantes”, ha señalado.
A principios de este mes de enero, otros 200, fueron rescatados de un horno de ladrillos a unos 40 km de Hyderabad, que es la capital del estado de Telangana. La mayoría de estos niños no alcanzaban los 14 años de edad.
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Los activistas explican que los estados de Telangana y Andhra Pradesh son los principales focos de actividad para las redes de explotación laboral y tráfico de menores. Por ello, es importante destacar que desde que el Gobierno comenzó está campaña, que se traduce en importantes redadas policiales dos veces al año, ha conseguido que el número de menores explotados se vea reducido de forma notable.
En 2015, la Organización Intenernacional del Trabajo (OIT) estimó que alrededor de 5,7 millones de niños de entre 5 y 17 años, son explotados laboralmente en la India. De ellos, más de la mitad trabajan en el sector agrícola, mientras que algo más de un 25% lo hace en fábricas.
“Más de 2.000 niños han sido rescatados de Hyderabad desde 2015 y en cada operación los números se reducen de forma gradual”, ha asegurado el director de la Oficina para la Protección del Menor del distrito de Hyderabad, Mohammed Imitiaz Raheem.
En Hyderabad, las fábricas de brazaletes prefieren emplear a menores porque tienen los dedos pequeños y la vista muy aguda, por lo que tienen más destreza a la hora de colocar pequeños abalorios hechos de laca que luego acabaran comprando los turistas, sin pararse a pensar en su procedencia, en como ha sido fabricado ese souvenir que se están llevando.
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Los menores rescatados, se encuentran en un hogar de acogida y serán enviados de vuelta con sus familias. De los menores que fueron rescatados el año pasado, el 80% sufren enfermedades respiratorias derivadas de las condiciones de trabajo a las que eran sometidos durante horas, en habitaciones pequeñas y mal ventiladas.
Sin duda la buena noticia es que el Gobierno de India haya decidido tomar medidas y empezar a intentar corregir un problema que es absolutamente deleznable. El lado malo es la falta de medios y que esta operación solamente se realice dos veces por año, lo que a todas luces es insuficiente, si atendemos a los datos de la OIT que nos hablan de más de 5 millones de niños que sufren explotación laboral en este país. 
Por tanto, una buena noticia que el Gobierno empiece a hacer algo, pero desde luego insuficiente y según varios activistas atiende más a una operación cosmética, de cara a la  comunidad internacional, que a una intención real de atajar el problema.

"Soy profesor y me piden cuatro años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación"

http://www.eldiario.es/sociedad/carcel-manifestarme-recortes-Cospedal-profes_0_603340513.html

Cuatro docentes y un activista son juzgados el 14 de febrero acusados de atentar contra la autoridad en una protesta en el teatro de Guadalajara en 2011 
La Fiscalía dice que "no ha concretado qué imputado realizó qué y a quién" y que el auto del juez "se redacta de manera genérica y adolece de vaguedad"
El Pleno de Guadalajara aprobó con los votos del PP "investigar" los hechos e "identificar" a los involucrados. La protesta era contra el tijeretazo de Cospedal
Domingo Alcázar, profesor y acusado de atentado a la autoridad. / Foto cedida
Domingo Alcázar, profesor y acusado de atentado a la autoridad. / Foto cedida

Tras cuatro años de instrucción, el próximo día 14 de febrero está marcado en el calendario de cuatro docentes –funcionarios en la escuela pública– y un activista de Guadalajara. Tienen una cita en el juzgado para declarar acusados de atentar contra la autoridad y lesionar a varios policías locales cuando irrumpieron, junto a otras decenas de profesores, en el teatro de Guadalajara para protestar contra los recortes en educación de la entonces presidenta autonómica María Dolores de Cospedal. Acababan de comunicarles que 800 compañeros y compañeros interinos con destino asignado se quedaban sin trabajo con el curso empezado. Era 7 de septiembre de 2011.
Domingo Alcázar, de 51 años y profesor en la escuela pública desde los 24, es uno de los señalados. Involucrado en movimientos sociales, participaba en la tarde de ese septiembre de hace seis años en una concentración frente a los Servicios Periféricos de Educación en Guadalajara que terminó dirigiéndose al teatro donde estaba celebrándose el pregón de las fiestas de la ciudad, con el alcalde (PP) sentado en las butacas. No habían comunicado que iban a hacer esta acción, que fue espontánea, pero pudieron entrar, asegura Alcázar, en el interior del edificio.
"Entramos unas 200 personas al teatro gritando 'no a los recortes'. Algunos se quedaron abajo y otros subimos a la planta de arriba. Estuvimos allí un rato hasta que vino la policía. El acto ya se había interrumpido", explica a eldiario.es el profesor, que asegura que solo conocía a dos de los acusados. A los otros dos, maestros, no recuerda haberlos visto ni siquiera en la zona donde se produjo "la tensión con tres agentes", según su testimonio, aunque es denunciaron hasta ocho.
Pasó en la parte superior, explica, y "no se produjo ninguna agresión, solo algún empujón de los agentes sin consecuencias". "Hablamos con ellos, con calma, es verdad que desobecedimos, pero no atentamos contra la autoridad y no lesionamos a nadie. Entramos al anfiteatro cuando nos dijeron que no lo hiciéramos", apunta Alcázar.
Los cuatro docentes y el activista vinculado al 15M fueron denunciados por ocho policías locales, incluido el jefe del cuerpo en Guadalajara. Al menos dos retiraron después la denuncia. El resto, que ejerce la acusación particular, pide cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados –dos por delito continuado de atentado a la autoridad y otros dos por delito de desórdenes públicos–, además de una falta continuada de lesiones que se traduce en una multa de 1.200 euros, a razón de 20 euros al día durante dos meses.

La Fiscalía dice que no puede demostrarse

El proceso se ha desarrollado por la vía de lo penal pese a los reiterados intentos de la Fiscalía de que no fuera así al considerar que lo hechos que estaban juzgando podrían ser en todo caso constitutivos de "una falta de desobediencia", no un delito. Pidió sin éxito el sobreseimiento de las actuaciones. Y en el último auto, con fecha 12 de junio, acredita que "el día de los hechos se produjo una gran confusión en la zona del anfiteatro", pero niega que pueda demostrarse "que los imputados hayan sido autores directos o indirectos materiales de las concretas lesiones que han sufrido los agentes".
"En ningún momento los agentes agredidos han concretado la posible actuación concreta que tuvieron cada uno de los imputados, así los atestados se limitan a su mera identificación y las declaraciones judiciales no hacen ninguna mención a quién y cómo les agredió", continúa el escrito, que recalca que la "única referencia" es que se produjo un "forcejeo" para "contener a la masa".
Por estas razones, el Ministerio Público difiere del criterio que han guiado las actuaciones del juez, cuyo auto está redactado "de manera genérica y adolece de vaguedad", según el fiscal. "No se han podido concretar durante la instrucción de este procedimiento que ha dudado cuatro años qué imputado realizó qué y a qué agente", dice su escrito.

Un "juicio político"

Esta causa no solo se dirimió entre las paredes de un juzgado. El pleno del Ayuntamiento de Guajalajara aprobó el 27 de septiembre de 2011 una moción con los únicos votos del PP –suficientes para que saliera adelante– para "investigar, estudiar y esclarecer" los "lamentables y bochornosos incidentes" del teatro Buero Vallejo. En el texto, el PP reclamaba que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno identificara a los "organizadores, responsables y líderes que provocaron" los hechos con el fin de que fueran sancionados.
Por estos motivos, dice Domingo, su juicio es "fundamentalmente un juicio político". "Nos sentimos con mucha inseguridad jurídica. Saben que no pasó nada, fue una acción pacífica pero les da igual. Es un castigo a la protesta social y a ellos no les supone ningún coste. A nosotros, sí", argumenta el profesor, erosionado por un proceso judicial eterno. "Es una carrera de fondo, nos cansan por el camino, nos agotan. En todo este tiempo te cuestionas qué has hecho para que te pase esto. Tienes miedo, tienes hijos...", reconoce.
"Nos están pidiendo cuatro años de cárcel por manifestarnos contra los recortes en Educación cuando gobernaba Cospedal y ya han pasado seis años de eso. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en que esto sigue activo... Pero sigue", zanja el profesor. Todos los acusados han seguido en sus puestos docentes hasta hoy. "Prefiero no pensar en qué puede pasar. Prefiero no indagar más en las consecuencias laborales de una pena privativa de libertad. No se me pasa por la cabeza".