sábado, 27 de agosto de 2016

La crueldad de la sentencia del Constitucional a favor del RDL 16/2012 (EXCLUSIÓN SANITARIA)



El Alto Tribunal ha respaldado la reforma sanitaria que deja sin acceso a la población migrante en situación irregular, saltándose el derecho a la vida recogido en la Constitución Española y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por España.
, médico de la Sanidad Pública, miembro del Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad, de Yo Sí Sanidad Universal y de Marea Blanca Madrid.
16/08/16 · 15:26
https://www.diagonalperiodico.net/global/31154-la-crueldad-la-sentencia-del-constitucional-favor-del-rdl-162012.html
Cientos de personas protestaron el 1 de septiembre de 2012 frente al hospital Gregorio Marañón de Madrid por la entrada en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 / OLMO CALVO
En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Españolacon el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.
Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.
"El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud"
Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.
Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14),inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomas con respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.
Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardadocuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.
La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.
El TC avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico de a UE
El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.
Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:
En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.
Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.
Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.
Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.
Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al "insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias". Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a lainfrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.
La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.
En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.
Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.
Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.
En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.
Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.
Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.
"Más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española de contraria al principio de no discriminación"
Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tieneobligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.
La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.
Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.
La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.
En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de 'prestaciones sanitarias gratuitas' o 'bonificadas' con totaldesconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagandoun sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.
Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.
Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.

Els edificis d'abans de 1970 patirien «danys greus» amb un terratrèmol de magnitud 5


A Girona l'últim sisme com el d'Itàlia va ser el 1428 a Ripoll i els sismòlegs calculen una recurrència d'entre 1000 i 2000 anys

27.08.2016 | 00:15http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/08/27/edificis-dabans-1970-patirien-danys/801062.html
El terratrèmol de l´octubre de 2015 a l´Alt Empordà va causar destrosses lleus en alguns establiments.
El terratrèmol de l´octubre de 2015 a l´Alt Empordà va causar destrosses lleus en alguns establiments. 
Un terratrèmol com el de dimecres al centre d'Itàlia provocaria «danys greus» en aquelles edificacions de les comarques gironines anteriors al 1970. Així ho constata l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), tot i que afegeix que aquí els sismes d'aquesta magnitud són menys freqüents que a la península itàlica.
El cap de l'Àrea Geofísica i Sismologia de l'ICGC, Xavier Goula, explica que «els edificis de les comarques gironines construïts després de 1970, època en la qual va entrar en vigor la Norma Sismoresistent, han d'estar preparats per suportar terratrèmols».
En aquest sentit, les construccions fetes sota aquesta norma són capaces de resistir terratrèmols, «però no preveu acceleracions molt elevades, que en principi estan calculades per moviments sísmics d'un període de retorn de 475 anys».
Aquest període és una estimació calculada partint de la probabilitat que té un determinat territori de patir sismes. La província de Girona és un territori actiu, però la gran majoria són tremolors molt febles o imperceptibles. Així, un terratrèmol que passa de mitjana cada 475 anys tindria una magnitud prou elevada com per provocar destrosses.
«Tanmateix, els edificis de menor qualitat i els més antics podrien patir danys greus en aquells casos que es trobin situats a pocs quilòmetres de l'epicentre de sismes de magnitud 5», remarca Goula.
El terratrèmol d'aquesta setmana a Itàlia va tenir una magnitud de 6,2 graus, una força que tindria aquí la mateixa devastació que ha provocat a les localitats d'Amatrice, Accumoli o Pescara.
Tanmateix, l'ICGC recorda que l'últim terratrèmol de magnitud similar (entre 6,2 i 6,5 graus) que va tenir lloc a les comarques gironines va ser en plena edat mitjana, el 2 de febrer de 1428 a Ripoll. Conegut com a terratrèmol «de la candelera» es va notar arreu de Catalunya i va deixar prop de mil morts, la majoria principalment a Queralbs, Camprodon i Puigcerdà.
Goula explica que «la possibilitat que torni a produir-se és bastant indeterminada, ja que no es tenen dades d'altres sismes d'aquesta magnitud. Estimem un període de recurrència d'entre 1000 i 2000 anys».
L'ICGC constata que a les comarques gironines (tant en les pirinenques com en les de la zona que va entre la Garrotxa i la Selva, i en menor grau les costaneres) «s'enregistren sismes de petita magnitud i en menys grau sismes àmpliament percebuts per la població, però sense causar danys». Exemple d'aquests últims són el de Roses el 2015 de magnitud 4,3 o el del Pla de l'Estany de magnitud 3,6.
Les actuacions preventives del Govern per fer front a terratrèmols forts se centren actualment en fer aplicar la Norma Sismoresistent (NCSE-02) a tots els edificis de nova construcció.
En cas que es produís un terratrèmol amb danys, l'ICGC diu que el Pla Especial d'Emergències Sísmiques de Catalunya (SISMICAT) i els pla

«Amb les pensions hi haurà un problema seriós: el 2018 no hi haurà diners per pagar-les»

José María Gay de Liébana · Doctor en Ciències Econòmiques i en Dret

http://www.diaridegirona.cat/economia/2016/08/26/pensions-hi-haura-problema-serios/800920.html

Va saltar a la fama per anunciar la crisi econòmica abans que els fonaments del sistema comencessin a trontollar. Se'l coneix com l'economista indignat, ja que acostuma a anar a contracorrent de l'opinió generalitzada.

26.08.2016 | 09:22
«Amb les pensions hi haurà un problema seriós: el 2018 no hi haurà diners per pagar-les»
«Amb les pensions hi haurà un problema seriós: el 2018 no hi haurà diners per pagar-les» 
Per a José Maria Gay de Liébana, doctor en Ciències Econòmiques, el model econòmic espanyol és l'arrel dels mals del país. Ho sosté amb els ulls clucs, amb dades i números que refermen la seva postura. El mediàtic economista, famós per aparicions a la ràdio i a la televisió, analitza la situació política i el mapa polític espanyols.
La «guardiola» de les pensions s'esgota.
Els comptes són clars. Queden 24.000 milions, i cada vegada que hi hagi una paga extra, que són uns 8.000 milions, caldrà recórrer-hi. Això vol dir que ens en queda per a tres pagues, la de Nadal i les dues de l'any que ve. Al 2018 ja no hi haurà diners per pagar les pensions.

I què passarà?
Hi ha dues opcions: o diem als pensionistes que ja no cobraran el que cobren, o augmentem els impostos als que estan treballant. Hi haurà un problema seriós. No es podran retallar les pensions perquè hi hauria un moviment social fort i els pensionistes poden marcar un canvi d'orientació política. La solució serà augmentar els impostos. Però això, fins i tot més tonto del meu poble ho sap fer; hi hauria d'haver una mica més d'imaginació.
Els últims retocs sobre el sistema no han servit?
Arrosseguem un problema considerable, que és que hi ha molta jubilació anticipada. Un altre problema és que hi ha jubilacions molt altes i cotitzants amb sous molt petits. L'arrel del problema és el model econòmic del país.
Cal apujar els sous?
Per apujar-los les empreses han de poder pagar-los i no poden. El model econòmic no pemet fer filigranes. Quin tipus de negoci d'hosteleria és el més habitual a Espanya? El que tira és el xiringuito de platja. Pot guanyar el mateix un cambrer d'un restaurant que és baratet que un altre que està en un lloc amb moltes estrelles? Doncs no.
I ara arriben les condicions de Brussel·les per haver superat l'objectiu de dèficit públic.
Jo als de Brussel·les els entenc, perquè cal posar una mica d'ordre als números, i si aquests paios diuen tot sovint que els quadraran i, al final, no ho fan, alguna cosa s'ha de fer. Això és un descrèdit per a (Cristóbal) Montoro (ministre d'Hisenda). Significa que a pesar que ha exigit molt no ho ha fet bé. La sanció jo no la penso pagar. Aquí hi ha un problema de finançament de les comunitats autònomes. L'Estat hauria de donar-los més diners, però aquí hi ha una guerra política. Això, si ens asseiéssim vostè i jo, en una tarda ho arreglaríem, però hi ha un problema de lluites entre partits i barons.
Es retocarà l'Impost de Societats: servirà?
Aquests sis mil milions d'euros que es pensen recaptar són, simplement, agafar els diners que tenen les empreses i donar-los a l'Estat. Això suposa que les companyies no podran contractar, ni apujar els salaris, ni podran fer un pla d'expansió. Quan l'Estat comença amb aquest ànim recaptatori està perjudicant l'economia real i està estatalitzant l'economia privada.
Hi ha recuperació?
Té tres cares: la d'aquell a qui realment li va bé perquè està molt a prop del mercat turístic. Llavors hi ha l'empresa que va saber netejar la seva activitat i té el vent a favor. I llavors hi ha els il·lusos, que són els que volen veure la recuperació econòmica. També hi ha l'escèptic que mira la realitat i que veu els salaris que tenim. I l'ocupació és precària perquè hi ha empreses precàries.
Hauríem d'estar preocupats pel Brexit?
Si ara no som capaços de construir unes bases sòlides en matèria financera, bancària o fiscal, Europa perilla.
Creu que tindrem govern aviat?
Seria bo que hi hagués un govern de concentració perquè Espanya necessita unes reformes molt serioses. L'ideal seria un executiu del PP i del PSOE amb el suport de Ciutadans i amb Podem fent d'oposició; en això són bons: serien durs i seriosos.
Té diversos estudis sobre la bombolla del futbol: existeix el perill que esclati?
Aquesta bombolla es rescata gràcies a la televisió.
Cada vegada entra més capital estranger al futbol...
Es comença pel futbol i s'acaba per comprar indústries. Ara, la pregunta és: i d'aquí a trenta anys hi haurà alguna cosa que sigui propietat dels espanyols o serem una colònia a les mans dels capitals xinesos o forans?

"Mi hijo murió de leucemia porque Israel no le dejó salir de Gaza para continuar su tratamiento"


Yusef Yunes, de 19 años, denunció antes de morir que el servicio de seguridad israelí le estaba extorsionando con el permiso de salida para que “colaborara”
Los resultados para su posible trasplante de médula se retrasaron porque Israel no le permitía salir de Gaza para hacerse las pruebas
"Estaba agotado, fue varios días al paso de Erez con las muestras de sangre de los familiares, pero no le dejaban cruzar", dice su madre
http://www.eldiario.es/desalambre/leucemia-Palestina-colaborar-Israel_0_552245042.htmlFoto de Yussef cedida por la familia.
Foto de Yussef cedida por la familia.

A pesar de haber encontrado donante compatible para el trasplante de médula que necesitaba, Yusef Mohamed Yunes murió el 8 de agosto en estado avanzado de leucemia. Hasta en tres ocasiones trató de salir de Gaza para llevar las muestras de sangre de familiares requeridas por su hospital, pero en muchos de esos intentos se chocó con la férrea negativa de las autoridades israelíes, según su familia. Cuando lo logró, ya era tarde.
La familia mantiene el luto en su casa en la zona llamada Proyecto Beit Lahiya, una extensión del campo de refugiados de Yabalia, donde cuelga de una pared un gran póster con un collage de sus fotos más recientes.
 Esta foto es de cuando los israelíes liberaron a Yusef de la cárcel”, explica su hermano Mohamed. El joven con leucemia fue arrestado durante su estancia en Cisjordania donde recibía tratamiento médico. Más adelante, según relata su familia, acudió al paso fronterizo israelí de Erez para volver a un hospital israelí donde había sido tratado anteriormente, pero se le negó el paso.
Yusef, enfermo de leucemia, fue detenido y conducido a la cárcel de Ashkelon durante 13 días, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.  
Basema, la madre de Yusef sujeta el documento de la referencia médica al hospital israelí Hadassah. | Isabel Pérez
Basema, la madre de Yusef sujeta el documento de la referencia médica al hospital israelí Hadassah. | Isabel Pérez

Detenido al regresar del hospital

En un periodo de tres años, Yusef pasó de tener tr ombocitopenia a anemia aplásica y, finalmente, leucemia mieloide aguda, explica su hermano Mohamed, enfermero de profesión, que ha estado muy cerca de su hermano durante todo este tiempo.
La madre de Yusef, Basema, acompañó a su hijo en su primer tratamiento fuera de la franja de Gaza, en Cisjordania.  Estuvimos tres días en el hospital An-Najah en Nablus. Al volver, arrestaron a Yusef, en el control militar de Arraba”, explica.
Aunque tenía los informes del hospital, señala, no sirvieron para convencer a los soldados. Su madre pensó que la raz ó n de la detenci ó n era su procedencia, Gaza, y su edad. Algo rutinario. Tras el arresto, su familia se quedó cuatro días sin conocer su paradero.
 El 27 de abril lo liberaron sin cargos. Yusef pidió a los israelíes ir a Nablus al hospital, pero no le dejaron, lo deportaron a Gaza”, recuerda. 
La familia de Yusef asegura que tras el encarcelamiento su salud se deterioró notoriamente.  Lo tuvieron encerrado sin tratamiento m é dico, sin seguimiento", añade.  " ¡ Le torturaron ! Durante seis d í as estuvo en confinamiento solitario. L e chantajearon . Le insistían en que colaborara con ellos”.
El centro Al-Mezan para Derechos Humanos también hace referencia a las supuestas torturas sufridas por Yusef. Según denuncian, el joven gazatí estuvo “psicológica y físicamente torturado durante 13 días. Obligado a sentarse en posiciones inc ó modas en una pequeñ a silla de hierro , atado a ella durante horas. Mientras estuvo detenido tambi é n fue v í ctima de abuso y coacci ó n verbal ”.
En junio, la familia logró un permiso para salir de nuevo por el paso fronterizo de Erez y recibir tratamiento en el centro médico israelí Hadassah, en Jerusalén.
 Para obtener el permiso más rápidamente, en Gaza nos propusieron que pagáramos nosotros una ambulancia israelí y que viniera a recogerlo a Erez. Así hicimos. Pagamos unos 1.200 shekels. Temíamos que Yusef muriera si no lo trataban rápidamente. Aquí en Gaza no existe medicación ni tratamiento para leucemia”, apunta Mohammed.

Intentar cruzar con las muestras de sangre

Yusef marchó con uno de sus tíos. Varios días después, los médicos le pidieron que trajera muestras de sangre de sus familiares: necesitaba un trasplante de médula ósea y era necesario buscar un donante compatible. Se vio obligado a volver a Gaza para recoger las muestras.
El 11 de julio, Yusef debía presentarse de nuevo en el hospital. Fue al paso de Erez con las muestras de sangre de los familiares.
 En el hospital le habían dicho: tú nos avisas y nosotros llamamos al paso de Erez para que cruces con la sangre y vengas al hospital", recuerda Mohamed. "Llegó y no le dejaron cruzar, decían que no ten ía permiso , que ten íaproblemas”.
La familia acudió al centro Al-Mezan en busca de ayuda. Si no conseguían un permiso de salida, Yusef podía morir.
 En Al-Mezan nos dijeron que iban a hacer lo posible para ver qué problema había, pero no obtuvieron respuesta. Los de Asuntos Civiles en Gaza nos dijeron que ellos tampoco podían hacer nada, que los israelíes no le daban un permiso”, expone Mohamed.
Yusef volvió al paso al siguiente día, incluso un tercer día.  Estaba agotado y tenía con él la sangre de los familiares", dice Basema. Pero no le dejaron cruzar. Pasados los días logramos enviar las muestras de sangre”.
Cuando llegó la sangre, el hospital pidió una muestra sanguínea del paciente, quien se encontraba en la franja sin poder salir.  No paramos de buscar hasta encontrar a alguien que fuera de Gaza a ese hospital. A los 10 días encontramos a alguien y le dimos la prueba de sangre de Yusef”, relata Mohamed.
Un día después de recibir el resultado de compatibilidad, Yusef falleció en un hospital de Gaza.

 Te daremos todo si colaboras con nosotros”

Según recoge Al-Mezan, “cuatro días después de la cita médica, (Yusef) recibió una llamada telefónica de los servicios de seguridad israelíes, quienes le dijeron que le permitirían cruzar si aceptaba colaborar con ellos”.
 La seguridad israelí le llamó también otras veces", asegura Mohammed. "Le decían: Te daremos todo lo que quieras, si colaboras con nosotros . Un día, mi tío, el que estuvo con él en el hospital, me comentó que había oído cómo alguien le preguntaba a Yusef en el hospital por qué no venía con su tío X o con Y. Le estaban extorsionando de manera indirecta”.
Yusef estuvo un mes completo sin tratamiento, sin una salida de Gaza abierta para que pudiera salvarse.
 Mi hijo muri ó de leucemia por negarse a colaborar con Israel. No quiso traicionar a nadie", garantiza su madre rompiendo a llorar. "Me decía que prefería morir antes de convertirse en un colaboracionista. Dos días antes de morir, me pidió que miráramos un tratamiento en Egipto”.
Pero la frontera egipcia de Rafah seguía cerrada. Desde inicios de año 2016, solo se ha abierto durante 14 días de forma parcial. A pesar de su difícil acceso, la mayoría de la población gazatí decide dirigirse a las autoridades egipcias para pedir su salida. Erez se ha convertido en una trampa.
El centro Al-Mezan de Derechos Humanos ha informado hasta el momento de 20 detenciones de palestinos en el paso fronterizo israelí de Erez. Cinco eran pacientes que salían a recibir tratamiento médico y cuatro eran sus acompañantes.
 Al-Mezan condena también la extorsi ón recurrente contra pacientes palestinos, que necesitan tratamiento para salvar sus vida s en intentos de extraerles informaci ón sobre sus familiares o vecinos. Estas pr á cticas han sido toleradas por la comunidad internacional durante demasiado tiempo y debenser investigad as seriamente para determinar las infracciones graves que representan”, sentencia el centro de derechos humanos desde Gaza.
 Yusef (en rojo a la derecha, con pelo rapado) junto a su hermano Mohammed y unos amigos el día que fue liberado de la cárcel israelí. | Foto cedida por la famila
Yusef (en rojo a la derecha, con pelo rapado) junto a su hermano Mohammed y unos amigos el día que fue liberado de la cárcel israelí. | Foto cedida por la famila
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El Gobierno deja a Correos con pérdidas récord y reduce su plantilla en otras 1.131 personas


El grupo registra los mayores números rojos desde su constitución como sociedad estatal en 2001 por el desplome de la aportación del Estado por el Servicio Público Universal, que pasó de 518,1 millones a 180 millones
La plantilla media se redujo otro 2,15%, hasta 51.383 empleados, y acumula un recorte de 9.300 trabajadores bajo el mandato del actual presidente, Javier Cuesta, nombrado en 2012
Los funcionarios ya sólo representan el 31% de la plantilla de la empresa pública, que en julio lanzó una oposición de 1.606 plazas para personal laboral
http://www.eldiario.es/economia/Correos-perdidas-millones-plantilla-personas_0_551895396.html

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El presidente de Correos, Javier Cuesta. EFE
El Grupo Correos, la mayor empresa pública de España por número de empleados, sufrió el año pasado unas pérdidas consolidadas de 34,098 millones de euros. Son los mayores números rojos tanto para el grupo como para la matriz (33,7 millones) desde la constitución de Correos y Telégrafos como sociedad anónima estatal en junio de 2001.
Las cuentas depositadas en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que el grupo, que todavía no ha anunciado sus resultados de 2015, aumentó la facturación (por aumento de la paquetería e ingresos electorales) un 1,9%, hasta 1.765,7 millones. En el resultado influyó el drástico descenso de las subvenciones recibidas con cargo al ejercicio 2015 por la prestación del Servicio Público Universal (SPU), esto es, las compensaciones del Estado por los costes que le supone garantizar un servicio postal de calidad, con accesibilidad, regularidad y a precio asequible.
En 2015, Correos recibió del Ministerio de Fomento 430 millones en compensaciones de costes derivados de la prestación del SPU de ejercicios anteriores, pero ya tenía contabilizado ese importe como ingresos en sus cuentas de ejercicios precedentes. Las subvenciones con cargo a 2015 se quedaron en 180 millones, frente a los 518,171 millones que contabilizó en 2014.
En el grupo creen que "una vez que se calcule el coste real del SPU y se abone la diferencia respecto al anticipo a cuenta de 180 millones consignado en los presupuestos de 2015, es probable que se enjuguen esas pérdidas". Fuentes de la empresa señalan que, pese al aumento de la facturación y "las medidas de eficiencia implementadas, los gastos han aumentado en mayor porcentaje".
Las mismas fuentes recuerdan los altos costes fijos que soporta Correos, "porque a pesar de que disminuya la actividad postal tradicional, es obligatorio mantener la estructura que permite prestar el SPU".
En 2014, Correos recibió los atrasos por el SPU del periodo 2011-2013 y, con ello, la empresa pública pudo anotarse un beneficio consolidado de 193,8 millones en 2014, el mayor desde la creación de la Correos actual en 2001. En sus cuentas de 2015, la sociedad todavía contabiliza 267,9 millones pendientes de cobrar por el SPU. Esos importes están pendientes de validación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El grupo, que el pasado julio, coincidiendo con la celebración de su 300 aniversario, puso en marcha una oferta de empleo fijo de 1.606 plazas para personal laboral (no funcionario) repartidas en las 52 provincias del territorio nacional, redujo el año pasado su plantilla por octavo año consecutivo.
La plantilla media, según sus cuentas anuales, bajó otro 2,15% (1.131 personas), hasta 51.383 empleados, y acumula un recorte de 9.300 efectivos bajo el mandato del actual presidente, Javier Cuesta Nuin, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El recorte de plantilla acumulado desde 2008 es de 16.278 personas.
En 2015, el número de funcionarios en la empresa estatal se redujo otro 10,1%, hasta 15.936. Los funcionarios, 16.200 menos desde 2007, primer año en el que el colectivo de laborales pesó más en el total de trabajadores, ya solo suponen el 31% de la plantilla total del grupo. Los gastos de personal fueron en 2015 de 1.442,5 millones, frente a 1.412,9 millones en 2014. El aumento se explica por la devolución de la paga extra de 2012. 
Una de las consecuencias de las millonarias pérdidas de Correos el pasado ejercicio es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding público del que depende desde 2012, se va a quedar este año sin dividendos del grupo postal, frente a los 100,823 millones que recibió el año pasado. La SEPI anunció el pasado 26 de junio (fecha de las últimas elecciones) unas pérdidas de 151 millones, derivadas en buena medida de las pérdidas de Navantia (166,6 millones), Hunosa (33,4 millones) y la propia Correos.
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