lunes, 30 de abril de 2012

Represión antidemocrática


Represión antidemocrática

30abr 2012
    
Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.
Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.
En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.
Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.
Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.
Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”. En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.


Vicenç Navarro

Hacienda podrá intervenir a las autonomías a partir de septiembre


Hacienda podrá intervenir a las autonomías a partir de septiembre

Los plazos para el cumplimiento del déficit dilatarían hasta ese mes una intervención que el Gobierno aún no contempla

PÚBLICO.ES/SERVIMEDIA Madrid 30/04/2012 15:35 Actualizado: 30/04/2012 23:35
Hacienda podrá intervenir a las comunidades autónomas que no cumplan el objetivo de déficit marcado por el Gobierno de Rajoy. Lo ha anunciado este lunes el departamento dirigido por Cristóbal Montoro, que defiende tener el "valor" y la "capacidad técnica" para tomar este tipo de medidas en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que entra en vigor mañana martes. Sin embargo, el Ejecutivo cree que no se tendrá que llegar a este extremo.
Las estimaciones son que, en el peor de los escenarios de incumplimiento de déficit, las primeras intervenciones se podrían producir en septiembre. Pero en Hacienda confían en no tener que llegar a intervenir ninguna autonomía y explican que desde las administraciones regionales no se ha pedido una intervención voluntaria.
Hacienda no ha recibido peticiones de intervención voluntaria
Precisamente este lunes finaliza el plazo para la presentación de los planes de estabilidad presupuestaria de las comunidades, que Hacienda deberá analizar en los próximos 15 días. Luego, serán estudiados y, en su caso, aprobados en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para la primera quincena de mayo, como ya anunció el propio Montoro.
Según Hacienda, no habrá sorpresas si la información de los documentos que las comunidades presentan es "fiel" y "se atiene" a la que se ha estado trabajando "y a las recomendaciones que se han hecho" desde la administración central, aunque no garantizaron que no vaya a haber algún suspenso.
Pasados los plazos, las intervenciones se darían en septiembre
En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administación Pública responsable deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Además, tendrán que constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento, podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.
No supondría disolver la autonomía
En el caso de no adaptarse las medidas previstas anteriormente o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. En todo caso, Hacienda indicó que si la comunidad no hace el depósito en el Banco de España, este plazo se reduce en meses. Así, teniendo en cuenta el calendario de este año, las primeras intervenciones de una comunidad podrían producirse a partir del mes de septiembre.
Por otra parte, desde el Ministerio indicaron que el hecho de que las comunidades sean intervenidas y tengan que ejecutar medidas de manera forzosa para cumplir con la reducción del déficit, eso no supone la disolución de la autonomía. En el caso de una administración local que llegue al extremo de adoptar medidas de ejecución forzosa, sí supondrá la disolución de la corporación local.
Desde el Ejecutivo destacaron que se está dando apoyo financiero a todas las administraciones que lo han solicitado, y recordaron los mecanismos adicionales de financiación. Entre ellas, recordaron la línea ICO vencimiento para las comunidades autónomas, el plan de pago a proveedores, los anticipos de la liquidación del sistema de financiación 2010 y la ampliación del plazo de las devoluciones del sistema de financiación 2008 y 2009.

El Gobierno planea recortar el sueldo de los funcionarios que estén de baja


El Gobierno planea recortar el sueldo de los funcionarios que estén de baja

Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas esta es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos

EFE Madrid 30/04/2012 20:56 Actualizado: 30/04/2012 21:42

El Gobierno estudia aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios, que incluiría que éstos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, esta es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos de la Administración Central.
De acuerdo con el programa, la medida tendrá un "impacto presupuestario muy positivo, aunque a priori resulta difícil de cuantificar exactamente". El plan contra el absentismo de los empleados públicos "aumentará la productividad de los funcionarios y disminuirá las necesidades de contratación", según el Gobierno.
Además, prevé que los gastos de MUFACE, el organismo público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios, se reduzcan al reformarse los requisitos para cobrar el subsidio por enfermedad que paga esta entidad a partir del cuarto mes de baja.
Según el programa, la medida tendrá un "impacto presupuestario muy positivo"
El texto añade que se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por incapacidad temporal a los departamentos de personal en el régimen especial de funcionarios.
Asimismo, se eliminarán las licencias por enfermedad para los funcionarios que hayan recibido el alta o que no hayan acudido al reconocimiento médico sin una causa justificada.

El mapa mundial del gasto militar


La OIT rechaza la fórmula de la austeridad y considera que afectó al empleo en España


La OIT rechaza la fórmula  de la austeridad y considera que afectó al empleo en España

Oficina de empleo
Trabajadores en el interior de una oficina de empleo (Reuters / Marcelo del Pozo)
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) rechaza la austeridad como fórmula para recuperar el empleo en España e insta al Gobierno a apoyar la inversión productivamediante la reanudación del crédito a la economía real, sobre todo las PYMES.
Achaca la última ola de destrucción de empleo en España "a las políticas de austeridad"
Esta es la conclusión del resumen sobre la situación del mercado laboral español, elaborado por la OIT en el marco de su informe general sobre el trabajo en el mundo, dado a conocer días después de que el paro se situara en España en el primer trimestre del año en el 24,4 % de la población activa, el nivel más alto desde 1994.
A nivel mundial, la OIT advierte de que el empleo no volverá a los niveles de antes de la crisis hasta 2016, aunque en el apartado dedicado a Asia recoge que algunos países en vías de desarrollo han creado nuevos empleos. 
Para la agencia de Naciones Unidas, las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno actual y el anterior "han afectado al crecimiento y al empleo en el corto plazo y, por el momento, no se han traducido en una reducción significativa del déficit fiscal", que era el objetivo perseguido.
Raymond Torres, director del Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) de la OIT, manifestó que no se puede fiar solamente a la austeridad y los recortes en los presupuestos la recuperación de la economía y del empleo, y señaló que las políticas de reducción del déficit han tenido un efecto contrario al deseado.
"Se pensaba que esos recortes iban a fomentar la confianza y la inversión, crear mayor crecimiento en algún momento y empleo, pero en realidad lo que está pasando es que sigue cayendo la confianza y la inversión", argumentó este experto de la OIT.
A eso hay que sumar que el crecimiento de las exportaciones y de la inversión "no han compensado el impacto negativo que las medidas de austeridad tienen sobre la demanda privada", y que "la inversión ha disminuido debido a la caída de la inversión pública y a la contracción de la inversión privada por la restricción del crédito".

Apoyo a la "economía real"

Torres achacó la última ola de destrucción de empleo en España "a las políticas de austeridad" y consideró que esta tendencia se ha acentuado tras un breve periodo entre finales de 2009 y mediados de 2010 "en el que el mercado laboral se deterioró menos".
Tras la crisis de 2008, argumentó, las exportaciones españolas han mostrado cifras de crecimiento anual positivas, por encima de la media mundial, "lo que indica que España no tiene un problema real de competitividad, sin problemas estructurales".
Se pensaba que esos recortes iban crear mayor crecimiento  y empleo, pero en realidad siguen cayendo la confianza y la inversión
"El problema ahora es que con la ralentización de laeconomía mundial, la posibilidad de compensar la débil demanda interna con las exportaciones es menor", argumentó el experto de la OIT, que consideró que la solución pasa por la reanudación del crédito.
"La recuperación económica en España no será posible hasta que no se reanude el crédito a las PYMES (...). Algunas medidas deseables serían disponer de un sistema de garantías de crédito, aumentar el número de mediadores que consideran peticiones que no han sido atendidas por los bancos y proveer de liquidez a los bancos", dijo.
Para ello, es necesario "reformar el sistema financiero para que se centre en su verdadera labor de dar crédito a la economía real".
En el informe de la OIT, se subraya que "merece la pena considerar la creación de una banca pública que se dedique a la promoción de la inversión en sectores estratégicos" o reactivar instancias ya existentes como el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En cuanto al mercado laboral, Torres indicó que "es imposible identificar tendencias en función de las varias reformas que se han llevado a cabo en España en los últimos años", pero afirmó que "reducir el coste del despido en un momento de crisis no soluciona el problema, sino que genera más destrucción de empleo".
La última reforma del mercado laboral en España, en su opinión, se ha abordado con "planteamientos ideológicos que no se corresponden con lo que se sabe de las experiencias de reforma que sí han funcionado y que son mucho más equilibradas".