viernes, 31 de enero de 2014

La juez que amparó la privatización sanitaria, al Tribunal Supremo


Por: José A. Hernández 30 ene 2014 http://blogs.elpais.com/
El sector conservador del Consejo del Poder Judicial designará en el pleno de mañana, viernes, previsiblemente, a la juez Inés Huerta como nueva magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Huerta es la presidenta de la Sección Octava del Tribunal Superior de Madrid que, sin que nadie lo pidiera, firmó una resolución en la que levantaba la suspensión cautelar del proceso privatizador de los grandes hospitales de Madrid que perseguía el Gobierno de Ignacio González, y que otra sección del mismo tribunal, la Tercera, había acordado.
La decisión de Huerta permitió al entonces presidente de Sala de lo Contencioso del Superior de Madrid, Gerardo Martínez Tristán (marido de una consejera del PP del Gobierno de Castilla la Mancha, y que más tarde sería elegido vocal de la todopoderosa Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial) convocar a todos los jueces de su Sala, unos 50, para que unificasen criterio sobre este asunto (puesto que había una resolución que suspendía cautelarmente el proceso privatizador y otra, la de Huerta, que lo levantaba). No obstante, el pleno de los jueces de esa Sala madrileña entendió que no había tal contradicción en las resoluciones (porque la de Huerta era un tema relacionado con derechos fundamentales) y acordó que la Sección Tercera continuase con su decisión de suspender el proceso privatizador. Se da la circunstancia de que la Sección Tercera ratificó hace unos días la suspensión cautelar del proceso, lo que, finalmente, ha llevado al Gobierno de González a dar marcha atrás y retirar su proyecto privatizador.
El previsible nombramiento de Huerta como magistrada del Supremo cuenta con el aval del sector conservador del Consejo (que reúne los votos necesarios para ascenderla al alto tribunal sin tener que pactar nada con el grupo progresista), y muy especialmente del presidente Carlos Lesmes y, obviamente, del vocal Martínez Tristán. Huerta, de 62 años, mantiene una estrecha relación con ambos. En fuentes del Consejo se interpreta este nombramiento, si finalmente se lleva a cabo, como “un pago por los favores prestados y el primer tic de amiguismo” en nombramientos del nuevo órgano de Gobierno de los jueces. Por esta plaza del Supremo compiten también los magistrados Jesús Cudero y José Luis Requero, aunque la intención más sólida es colocar a Huerta.
El otro nombramiento previsto para hoy es el de presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, puesto vacante desde que el magistrado progresista Juan Antonio Xiol fuera designado miembro del Tribunal Constitucional. Para este puesto, el objetivo del sector conservador del Consejo es nombrar a Francisco Marín Castán, en la actualidad magistrado de esta Sala. A este puesto aspira también el magistrado José Antonio Seijas.
Desde su nombramiento como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Lesmes no ha dejado de airear que uno de los objetivos de su mandato será la transparencia, pero este Consejo lleva ya casi dos meses funcionando y aún no se ha notado nada. Se informa de los asuntos rutinarios, pero hasta ahí. Y eso que Lesmes, que pasa por ser el presidente que más poder acumula desde que existe esta institución (la nueva ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial parece hecha a su medida; y él conoce perfectamente todos sus vericuetos) ha asumido el mando directo del gabinete de comunicación del Consejo y del Supremo. Y lo primero que ha hecho es despedir a cuatro periodistas y nombrar a Cristina Ónega, exjefa de Nacional de TVE, como directora de comunicación, quien, a su vez, ha formado su propio equipo. La política de comunicación del Consejo busca ahora, además, restar poder en este aspecto a los presidentes de los Tribunales Supriores, quienes, en el anterior Consejo, eran los que proponían a sus jefes de prensa. “Se quiere controlar todo desde Madrid”, se quejan fuentes jurídicas, que aseguran que el próximo paso será prescindir de algunos jefes de prensa de tribunales superiores incluso contra el criterio de sus respectivos presidentes.
En el sector progresista del Consejo han empezado a cundir quejas por la impronta personalista que Lesmes, que llegó a ocupar un puesto político en el PP, está imprimiendo en diferentes área del Poder Judicial. 

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