domingo, 13 de septiembre de 2015

La #AuditoríaEléctrica demuestra que nos han cobrado ilegítimamente más de 80.000 millones de euros



http://kaosenlared.net/la-auditoriaelectrica-demuestra-que-nos-han-cobrado-ilegitimamente-mas-de-80-000-millones-de-euros/

Por Observatorio de la Deuda en la Globalización

El Observatorio de la Deuda en la Globalización presentó el estudio “El coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013”. El estudio aborda el necesario debate sobre la legitimidad del reparto de las diferentes cargas asociadas al sector eléctrico español desde su pretendida liberalización (1998-2013). Los elementos técnicos que sustentan […]


El Observatorio de la Deuda en la Globalización presentó el estudio “El coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013”.
El estudio aborda el necesario debate sobre la legitimidad del reparto de las diferentes cargas asociadas al sector eléctrico español desde su pretendida liberalización (1998-2013). Los elementos técnicos que sustentan el funcionamiento del sector eléctrico, los pagos a él transferidos y las deudas con él contraídas, tienen consecuencias para las vidas y los medios de vida de las personas. El principal instrumento del reparto, la tarifa eléctrica, contiene algunos apartados que deberían ser revisados para responder realmente al interés de la ciudadanía. El mecanismo de fijación de los precios de la electricidad obvia los costes reales de generación, produciendo desequilibrios muy significativos (beneficios caídos del cielo) que se han comparado con el escenario previo a 1998. Como consecuencia, la deuda reconocida por el Estado, de los usuarios con el sector, podría ser considerada mayoritariamente ilegítima.
Análisis de legitimidad de los pagos al sector eléctrico
En el caso de este sector, es el Estado quien habilita el reconocimiento de los costes y deudas que han de ser pagados por la sociedad a través de la tarifa eléctrica, fundamentalmente. El análisis sobre la legitimidad de los pagos realizados al sector eléctrico se centra en la consideración de si su reconocimiento por parte del Estado responde al interés de la población. Los pagos, deudas o ayudas públicas que generan fenómenos, mecanismos o comportamientos en favor de los intereses de una minoría, que violan los derechos humanos o el derecho al desarrollo, a la identidad o a vivir en un medio ambiente sano de la mayor parte de la población se consideran ilegítimos.
Más concretamente, el estudio se fija en: las condiciones en las que se reconoce el pago al sector (si es opaco, injustificado, o es una concesión abusiva); el uso de los pagos para intereses distintos, u opuestos, a los de la ciudadanía; y la situación de la población y el impacto que supone realizar los pagos.
Los resultados sobre el análisis de legitimidad más significativos para cada uno de los tres niveles de la economía son los siguientes:
Economía real: la tarifa eléctrica
En este apartado se analizan las componentes de la tarifa eléctrica como herramienta fundamental a través del cual se regula el sector eléctrico. Tanto la componente regulada de la tarifa como la de mercado, así como los apartados que no corresponden estrictamente a ninguna de las anteriores, ofrecen resultados según los cuales se han hecho pagos que van contra los intereses de la población. En la componente regulada son los pagos asociados a la energía nuclear, los pagos del denominado déficit de tarifa, los asociados al carbón, y los llamados costes de transición a la competencia, los que se podrían considerar ilegítimos por ser contrarios a los intereses populares. En segundo lugar, existen unos apartados que el estudio agrupa con el término Otros pagos de la tarifa eléctrica, pues no se pueden incluir estrictamente en ninguna de las componentes oficiales (regulada y de mercado). Estos son los llamados pagos por capacidad, la aplicación del impuesto de la electricidad al término de potencia (y su IVA correspondiente), los pagos asociados a los contratos de interrumpibilidad, y la recaudación por el alquiler de los equipos de medida (contadores). Ninguno de ellos se corresponde con la prestación de un servicio que se pueda considerar fundamental para la ciudadanía. Finalmente, la componente de mercado está altamente condicionada por el funcionamiento irregular del mercado diario, que fija en gran medida los precios de la electricidad. Debido a ello se dan resultados anómalos, como la generación de beneficios extraordinarios sin justificar para los propietarios de las centrales nucleares e hidroeléctricas más antiguas, los beneficios caídos del cielo (en inglés, windfall profits). Estos beneficios injustificados de las empresas, que resultan de la diferencia entre lo ingresado por estas instalaciones desde 1998 y lo que habrían percibido según el método anterior  (Marco Legal Estable), también se considerarían ilegítimos
Economía financiera: mecanismos de mercado
Los pagos que se han producido en el sector eléctrico asociados al nivel financiero de la economía se relacionan, principalmente, con la subasta CESUR y con los intereses del llamado déficit de tarifa. En el primer caso, el gobierno reconoció a inicios de 2014 que los ciudadanos habían soportado un pago adicional injustificado a través de la factura eléctrica entre 2009 y 2013, causado por la subasta CESUR. En el segundo, el pago de los intereses del déficit tarifario, debido a la emisión de bonos en el mercado financiero (su titulización), compromete recursos públicos futuros para el pago de unos intereses generados por una deuda que puede ser considerada ilegítima por haber sido generada de manera opaca e irregular.
Pagos ilegítimos al sector eléctrico
De acuerdo con los resultados del análisis sobre legitimidad, el estudio de los pagos realizados al sector eléctrico en el periodo de la liberalización concluye que la suma de los que se podrían considerar ilegítimos por no responder a los intereses de la población se encontrarían entre 66.097,78 y 76.680,78 millones de euros. Considerando la actualización del valor del dinero al equivalente de todos los apartados de estos pagos en 2013, el resultado se encontraría entre los 81.709 y los 103.899 millones de euros.

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