viernes, 17 de febrero de 2017

Las Asociación Progresista de Fiscales exige la dimisión del ministro Rafael Catalá

http://cadenaser.com/ser/2017/02/16/tribunales/1487255928_147981.htm

Los principales colectivos de fiscales ven con preocupación el funcionamiento de la Fiscalía y denuncian la intromisión del Fiscal General, José Manuel Maza, en la investigación del Presidente de Murcia por un supuesto delito de prevaricación

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante una entrega de premios el pasado 2 de febrero en Madrid. /  ()
Las principales asociaciones de fiscales muestran su preocupación por el papel de la Fiscalía General del Estado y su parcialidad en detrimento de la defensa del interés público. Consideran que se ha puesto de manifiesto la intromisión de la Fiscalía en diversos casos vinculados a la corrupción conocidos esta semana, y en particular en la imputación del presidente murciano en la Púnica.
En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales ha pedido la dimisión del titular de Justicia, Rafael Catalá, tras sus declaraciones en la Cadena SER, "por cuestionar, fuera de sus competencias institucionales y con absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras" aseguran en referencia a las dos fiscales que discreparon  del criterio del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. "Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del ejecutivo" -denuncian- "y un desprecio a la autonomía del Miniserio Fiscal".
En los micrófonos de la SER, Rafael Catalá ha rechazado que el gobierno haya tenido nada que ver con el hecho de que la Fiscalía General del Estado pidiera que no se imputara en la Púnica a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales que investigan la causa y ha considerado “anómalo” que se hayan conocido las discrepancias de las dos fiscales.

Una Fiscalía "defectuosa"

En otro comunicado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales  manifiesta su preocupación por dos hechos, en dos causas separadas, que cuestionan el papel del ministerio público. Por un lado, la admisión del recurso de la acusación popular del caso Bankia, por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia, para que se cite como investigados al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la cúpula del Banco de España y la CNMV. "Una imputación que pone de manifiesto que la Fiscalía General ni siquiera se planteó que tuvieran que declarar por hechos de los que al menos tuvieron conocimiento y capacidad para intervenir", según recriminan.
El Ministerio Público se opuso en los dos recursos de la acusación particular donde se pedía la declaración e imputación de los supervisores por la salida a bolsa de Bankia y su posterior quiebra financiera. La Asociación recuerda que "ha tenido que ser la Sala la que obligue al juez" a que se practiquen estas declaraciones.
"Más grave todavía" -mantienen-  es "la estructura jerárquica de la institución" que habría impuesto su criterio para no imputar al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y que "pone de manifiesto el funcionamiento defectuoso del ministerio público". "No alcanzamos a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito" concluyen.

Injerencia de Catalá

Otro de los colectivos, la Asociación de Fiscales, también ha cerrado filas en defensa de sus dos compañeras fiscales ninguneadas de alguna manera por Rafael Catalá. A través de un comunicado, "entienden que el ministro de Justicia no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura, precisamente porque, por el cargo que ocupa, puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial, siendo así que la Carrera Fiscal no admite ni admitirá tal tipo de injerencias".

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario