viernes, 21 de abril de 2017

FISCALES QUE SIEMPRE ESTÁN DONDE SE LES ESPERA : MANUEL MOIX BLÁZQUEZ

http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/moix%20manuel/moixnoticias.html


FISCALES  QUE SIEMPRE ESTÁN DONDE SE LES ESPERA  : MANUEL MOIX BLÁZQUEZ
 
LAS NOTICIAS
UNA ASOCIACIÓN DE FISCALES AVISÓ AL FISCAL GENERAL DE QUE MOIX APARECÍA EN UNAS ESCUCHAS PARA APLAZAR SU DESIGNACIÓN

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

EL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ LIMITAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE IGNACIO GONZÁLEZ

EL NUEVO FISCAL ‘AMIGO’ DE ANTICORRUPCIÓN VALORARÁ SI DEVOLVER AL PP 1,2 MILLONES DE FIANZA

MANUEL MOIX, UN FISCAL CÓMODO EN ANTICORRUPCIÓN PARA EL PP

RELEVO EN LAS FISCALÍAS CLAVE: MANUEL MOIX DIRIGIRÁ ANTICORRUPCIÓN Y ZARAGOZA DEJA DE SER FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

EL FISCAL QUE INTENTÓ ENTERRAR LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA, NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN

SIETE FISCALES ASPIRAN A ENCABEZAR ANTICORRUPCIÓN TRAS JUBILARSE SALINAS

EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INDAGUE SI HAY DELITO EN LA OBRA DEL CUÑADO DE AGUIRRE

EL FISCAL DE RATO, AGUIRRE Y BLESA, PREMIADO CON UNA PLAZA EN EL SUPREMO

MANUEL MOIX, RENOVADO COMO FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LA FISCALÍA REDUCE DE 25 A 14 LOS IMPUTADOS EN EL ‘CASO MADRID ARENA’

EL FISCAL JEFE DE MADRID NO VE RESPONSABILIDAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL MADRID ARENA

LA JUEZ DENIEGA LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ Y GRANADOS POR EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

EL FISCAL MOIX Y SU "DOCTRINA AGUIRRE"

LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ SILVA POR LA DETENCIÓN ILEGAL DE BLESA

EL FISCAL JEFE DE MADRID SE ALÍA CON AGUIRRE EN SUS ATAQUES AL 15-M

LA FISCALÍA NO INVESTIGARÁ LA RED DE ESPIONAJE EN MADRID

EL NUEVO FISCAL JEFE ORDENA RETIRAR LOS CARTELES DE UNA CENA EN HOMENAJE A SU ANTECESOR EN EL CARGO


UNA ASOCIACIÓN DE FISCALES AVISÓ AL FISCAL GENERAL DE QUE MOIX APARECÍA EN UNAS ESCUCHAS PARA APLAZAR SU DESIGNACIÓN

La Unión Progresista de Fiscales hizo llegar al Fiscal General que Ignacio González había contado en unos pinchazos telefónicos que el nombramiento de Moix para Anticorrupción resolvería sus problemas judiciales

La asociación de fiscales alertó a la máxima autoridad de la carrera de que el levantamiento del secreto dejaría a Moix en una situación insostenible

Pese a las advertencias y las polémicas protagonizadas por el antiguo fiscal jefe de Madrid, José Manuel Maza acabó confiándole el mando de la unidad especializada

Sucedió durante los días previos a la designación de las jefaturas de la Fiscalía, el pasado febrero. En la carrera estaba cantado que uno de los favoritos para ocupar el mando de la unidad especial de Anticorrupción era Manuel Moix, un fiscal controvertido que acumulaba en su hoja de servicios muchas decisiones polémicas durante su etapa al frente de la Fiscalía de Madrid. Suyas habían sido las decisiones de no llevar a juicio a la presidenta del PP madrileño por su incidente con unos agentes de movilidad a los que desobedeció y derribó la moto y también su insistencia en el archivo del caso de los espías en la Comunidad que también involucraba a altos cargos del PP regional y que finalmente llegará a juicio en los próximos meses.

Pero el runrún que había empezado a correr por la fiscalía aquellos días de febrero en torno a Moix era mucho más grave. Varios de los miembros del ministerio público aludían a una conversación grabada por agentes de la Guardia Civil con autorización judicial a dos dirigentes políticos inmersos en un caso de corrupción que se estaba investigando y por entonces figuraba secreto. Se trataba de la Operación Lezo, en la que ha acabado detenido el expresidente madrileño Ignacio González y los que intervenían en la conversación eran precisamente González y el exministro de los Gobiernos de José María Aznar y antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.

Según las fuentes consultadas, durante una de las conversaciones que mantuvieron esos dos amigos a finales de 2016 en un tono de camaradería, González se lamenta el trato que está recibiendo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina haber pedido su imputación en el caso de su ático en Estepona, que él mantiene haber comprado pero que según los investigadores responde se trata de una comisión como pago a la recalificación inmobiliaria que benefició a la antigua promotora Martinsa en el municipio de Arganda.

En esa charla distendida, sin saber que están siendo grabados, el expresidente madrileño se muestra esperanzado ante un cambio de jefatura en Anticorrupción y da a entender que si finalmente el elegido es Manuel Moix, el exfiscal jefe de Madrid, su suerte puede en los juzgados cambiar. El contenido de esa grabación que figura en poder de la Guardia Civil era conocido el pasado febrero por varios miembros del ministerio público.

Y fue la Unión Progresista de Fiscales la que le hizo llegar por un cauce no oficial al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el rumor sobre la existencia de las escuchas de González sobre Moix, al tiempo que le alertaba de que esas grabaciones iban a acabar suponiendo un problema para la fiscalía cuando saliesen a la luz con el levantamiento del secreto de sumario.

Los miembros de la Asociación de Fiscales, más conservadora y numerosa, sí decidieron apoyar el nombramiento de Moix en el consejo. A cambio lograron que su portavoz, Jesús Alonso fuese colocado como fiscal de la Audiencia Nacional.

Maza, un magistrado al que el Consejo de Ministros había aupado a la cima del ministerio público el 22 de febrero decidió designar a Moix para Anticorrupción. La UPF, que no llegó a hacer públicas sus advertencias durante aquellos días, se limitó a responder con un frío comunicado en el que advertía que la llegada de Moix a Anticorrupción, así como otros de los nombramientos efectuados, " solo pueden explicarse desde un interés eminentemente políticos e ideológico".

Tal y como pronosticaba González en aquellas escuchas, la primera decisión de Moix ante una gran causa de corrupción fue intentar frenar el pasado martes algunos de los registros de la Guardia Civil en la Operación Lezo, en la que fue arrestado el presidente madrileño junto a otras 11 personas. Se lo impidió una rebelión de la junta de fiscales de Anticorrupción que el lunes hicieron valer su autonomía para seguir adelante con el calendario de actuaciones fijado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que instruye el sumario.

http://www.eldiario.es/politica/Fiscales-Fiscal-General-Moix-nombramiento_0_635186492.html
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
EL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ LIMITAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE IGNACIO GONZÁLEZ
El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, intentó limitar el alcance de la investigación en torno a Ignacio González. Moix cuestionó algunas de las decisiones adoptadas por los fiscales del caso referidas a los registros que había que realizar y a qué hechos debían incluirse dentro de la investigación.

Los fiscales del caso no asumieron el criterio de su superior e hicieron uso de la facultad que les concede el estatuto del ministerio fiscal para someter el asunto a una junta de fiscales, según informaron fuentes del ministerio público. Los fiscales se acogieron al artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, que dice que "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".El asunto fue estudiado por todos los fiscales de Anticorrupción, que respaldaron de forma mayoritaria las tesis de sus dos compañeros. Finalmente, Manuel Moix optó por no imponer su criterio y aceptó todos los registros propuestos y mantener la investigación en los limites defendidos por los fiscales del caso.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/20/58f861f1e2704efb0d8b45a8.html
EL NUEVO FISCAL ‘AMIGO’ DE ANTICORRUPCIÓN VALORARÁ SI DEVOLVER AL PP 1,2 MILLONES DE FIANZA

La formación pide a la Audiencia Nacional que le reintegren su fianza por el ‘caso de la caja B’

El Partido Popular aspira a que la Audiencia Nacional le devuelva 1,2 millones de euros que pagó como fianza para cubrir las futuras responsabilidades del caso de la caja B, derivado del caso Bárcenas. Así lo ha pedido su abogado en un escrito que este lunes publica eldiario.es Lo más llamativo del caso es que, aunque el juez tendrá la última palabra, primero tendrá que pronunciarse el nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, un fiscal muy cómodo para el PP cuyo nombramiento exprés salió de lo que la oposición ha calificado como purga de fiscales.

El PP ha presentado esta petición en un escrito de adhesión al que firmaron en enero los abogados de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede de la formación en la calle Génova y que presuntamente fue pagada con dinero negro. Los conservadores se suman a la tesis de esta empresa, cuyos directivos son “amigos” de Mariano Rajoy, según el presidente del Gobierno puso en una foto dedicada a ellos, según la cual basta con las fianzas que pagaron los trabajadores de Unifica para cubrir las responsabilidades que surgieran del proceso.

El PP reclama a la Audiencia Nacional que deje “sin efecto” la fianza presentada o, lo que es lo mismo, que le devuelva 1,2 millones de euros. Esta petición ahora requiere el informe previo de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Manuel Moix y se presentó el día 22 de febrero, el mismo día que se propuso el nombramiento del fiscal.

Un nombramiento, además, que se hizo de manera exprés porque, si el miércoles se elevaba la propuesta de nombramiento por el Consejo Fiscal, el viernes era aprobado por el Consejo de Ministros. Una premura que contrasta, por ejemplo, con el del nombramiento que el Consejo General del Poder Judicial hizo en enero, para ocupar una plaza en la sala primera del Tribunal Supremo y que, dos meses después, aún no se ha oficializado, como recuerda el citado diario.

La coincidencia de la petición del PP con el nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción es llamativa, habida cuenta de la fama de amistad que une a ambas partes, a quien sus compañeros califican como fiscal “fácil”. Y que el cargo le fue entregado pasando por encima de otros seis candidatos, aunque él era el único que nunca había trabajado con Anticorrupición.

En su trayectoria al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid destaca que fue el fiscal encargado del caso de la huida de Esperanza Aguirre por la Gran Vía tras aparcar en el carril bus y llevarse por delante la moto de un agente de movilidad. Frente al criterio de la acusación popular y, sobre todo, del juez, Moix defendió a capa y espada que no se trataba de un delito de desobediencia civil, sino sólo una falta. Y también fue muy útil para Aguirre por su empeño en pedir una y otra vez que se archivara el caso de los espías que afecta a su pasado como presidenta de la Comunidad de Madrid.

También tomó varias decisiones que fueron favorables para dos personajes que acaban de ser condenados a penas de prisión: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. En lo que respecta al primero, fue su Fiscalía la que denunció al juez Elpidio Silva por enviarle a la cárcel, acusando al magistrado, que por este proceso está inhabilitado por 17 años, de “retardo malicioso” y de “anteponer su voluntad al derecho”.

Sobre Rodrigo Rato, él estuvo detrás de la detención del exvicepresidente, que sirvió como golpe de efecto al Gobierno. Y todo mientras se enfrentaba a Anticorrupción, porque el órgano que él dirige ahora creía que la investigación de la Agencia Tributaria por blanqueo de capitales era “embrionaria”. Es más, la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha sido cesada por no plegarse a las presiones del ministro de Justicia, le quitó el caso Rato para dárselo a Anticorrupción.

Moix tampoco ha perdido tiempo para hacer manifestaciones políticas, como cuando cargó contra el 15M por "exteriorizar su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática". O como cuando se opuso a que se dejara en libertad a los detenidos durante las Marchas de la Dignidad que llegaron a Madrid desde toda España para oponerse a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy: "No se puede permitir que personas tan violentas estén en la calle y puedan seguir delinquiendo".

http://www.elplural.com/politica/2017/02/27/el-nuevo-fiscal-amigo-de-anticorrupcion-valorara-si-devolver-al-pp-12-millones
MANUEL MOIX, UN FISCAL CÓMODO EN ANTICORRUPCIÓN PARA EL PP
Fuentes del ministerio público consultadas por la Cadena SER subrayan que no se recuerda que haya impulsado una investigación que afecte a los populares desde la jefatura de Madrid y ponen como ejemplos el caso de los espías o el caso Rato

Manuel Moix sustituye a Antonio Salinas, ya jubilado, al frente de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de no tener experiencia en delitos económicos. Fuentes del Ministerio Público consultadas por la Cadena SER califican a Moix de una persona que ejerce un “control férreo” de las fiscalías que dirige y recuerdan que desde su puesto en Madrid no ha impulsado asuntos judiciales que afecten al Partido Popular. Más bien al contrario. Y ponen ejemplos. El más llamativo el caso de los espías en el Gobierno de Esperanza Aguirre para el que la fiscalía ha pedido reiteradamente el archivo de la investigación.
El caso Rato

Los fiscales consultados también cuestionan que se ponga al frente de las investigaciones contra los poderosos a alguien que protege a los poderosos. La intervención de Moix, entonces fiscal superior de Madrid, fue crucial en el caso Rato para que el exvicepresidente económico del Gobierno no durmiera en el calabozo antes de pasar a disposición judicial y no se le retirara el pasaporte. Esta era la intención del fiscal encargado del caso.

La petición se basaba en el informe de la Agencia Tributaria que atribuía a Rato los delitos de blanqueo, insolvencia punible y delito fiscal. El fisco pedía que fuera detenido “al menos por el tiempo necesario para asegurar la obtención de pruebas”. El fiscal, Carlos García Berro, atendió esta solicitud pero Moix lo impidió. Rato fue puesto en libertad y el asunto pasó a anticorrupción. El informe que dejaba sin efecto la detención no lo firmó García Berro, siempre según la versión de estas fuentes.

El resto ya es historia. La fiscalía anticorrupción redujo los tres delitos a uno: delito fiscal. Sin embargo, la investigación ha quitado la razón a Moix. El último informe de la Agencia Tributaria dice que Rato dejó de ingresar a las arcas públicas 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 e insiste en la presunta comisión de los delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales.

http://cadenaser.com/ser/2017/02/22/tribunales/1487793147_216725.html
RELEVO EN LAS FISCALÍAS CLAVE: MANUEL MOIX DIRIGIRÁ ANTICORRUPCIÓN Y ZARAGOZA DEJA DE SER FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Zaragoza, que llevaba más de 10 años como fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su puesto en favor de Jesús Alonso

López Bernal, que denunció el caso Auditorio, deja de ser fiscal jefe de Murcia en favor de José Luis Díaz Manzanera

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, llevará ahora sus propuestas para que sea refrendadas por el Consejo de Ministros

El Consejo Fiscal ha acordado este miércoles que Manuel Moix ocupe la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas. Javier Zaragoza, hasta ahora fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su plaza en favor de Jesús Alonso, teniente fiscal en este tribunal.

El Consejo Fiscal, que ha decidido sobre una treintena de nombramiento, ha votado a los candidatos, aunque los resultados solo tienen carácter consultivo. Maza llevará sus propuestas al Consejo de Ministros, y el trámite de hoy sirve para ver con qué respaldo cuentan los distintos candidatos.

Entre los aspirantes que se han quedado sin la plaza de Anticorrupción, Alejandro Luzón, conocido por ser el representante del Ministerio Público en la causa en la que se investiga la salida a bolsa de Bankia y el juicio por las tarjetas black, Belen Suárez, hasta ahora al frente de Anticorrupción en funciones, o Teresa Gálvez, fiscal del caso Púnica.

Manuel Moix estaba destinado en el Tribunal Supremo, tras haber ejercido como fiscal de la Comunidad de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Zaragoza aspiraba a un tercer mandato después de 10 años en el puesto de fiscal de la Audiencia Nacional, pero no ha logrado revalidar el cargo.

Su sucesor, Jesús Alonso, es portavoz de la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales, desde donde ha mostrado su rechazo a una de las normas que ahora le afectará de lleno: el recorte en los plazos de instrucción.

Cesado el fiscal que denunció el caso Auditorio

Los cambios también han afectado a las fiscalías territoriales. Manuel López Bernal, el fiscal jefe de Murcia que presentó la querella del caso Auditorio, ha sido cesado. Su relación con el PP es tensa desde hace años. Bajo su mandato, la fiscalía del TSJ impulsó varias investigaciones contra el entorno del PP. En el marco del caso Carthago la fiscalía llevó al banquillo de los acusados a la hija del, por entonces, presidente de la Comunidad, Ramón María Valcárcel (PP), acusada de delitos relacionados con la corrupción urbanística.

López Bernal había pedido seguir en el cargo, pero no lo ha conseguido. Su relevo se produce tan solo dos días después de que haya citado a declarar como imputado al presidente de Murcia en el caso Auditorio.

El nuevo fiscal jefe de Murcia será José Luis Díaz Manzanera. Aunque menos enfrentado al PP, su ascenso tampoco es un alivio para Pedro Antonio Sánchez, ya que ejerce como fiscal en el caso Auditorio. Es, de hecho, quien pidió su imputación por los delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.

Maza tenía pocas opciones en la búsqueda de un sustituto para López Bernal. El otro aspirante, José Francisco Sánchez Lucerga, impulsó a principios de 2015 una reunión de fiscales para apoyar a López Bernal ante los ataques que le lanzaba el PP. Seguirá como teniente fiscal de Murcia.

http://www.eldiario.es/politica/Manuel-Anticorrupcion-Zaragoza-Audiencia-Nacional_0_615239368.html
EL FISCAL QUE INTENTÓ ENTERRAR LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA, NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN

Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid sostuvo que podía tener "encaje penal" la difusión de emails que luego ayudaron a la investigación sobre las preferentes y las tarjetas black, desembarca en el cargo en un momento crítico

Maza defenestra al jefe de la Fiscalía murciana, colocado por el PP en la diana por sus pesquisas sobre la corrupción en esa comunidad y por la querella que obligará al presidente autonómico a declarar como investigado por cuatro delitos

Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, será el nuevo jefe de Anticorrupción.

En enero de 2014, un mes después de que infoLibre hubiese publicado el primero de los correos secretos conocidos y que desvelaba cómo Blesa intervino para que José María Aznar obtuviera un contrato de comisionista de una empresa de equipamiento bélico, contrato que no llegó a firmarse, Moix adujo que la mera difusión de los emails "podría tener encaje penal".

El entonces fiscal superior de Madrid llevó personalmente la querella interpuesta por él mismo contra Elpidio Silva, a quien haber enviado dos veces a prisión al expresidente de Caja Madrid le costó la expulsión de la carrera judicial.

El nombramiento de Moix, que ahora estaba destinado en la Sala de lo Contencioso del Supremo, ha sido anunciado este miércoles por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los miembros del Consejo Fiscal, órgano que le asesora.

Su llegada a Anticorrupción se produce en un momento crítico tras conocerse que el fiscal general impartió la orden de que las fiscales del caso Púnica no instaran la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, vacante desde hace meses tras la jubilación de Antonio Salinas, Moix era el único ajeno a ese más que sensible fiscalía especial. Moix ha obtenido el apoyo de los miembros del Consejo Fiscal alineados con la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales mientras que los vocales propuestos por la Unión Progresista de Fiscales han respaldado a Alejandro Luzón, número dos la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal.

Tal como se daba por seguro, Maza ha descabalgado también al hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que será sustituido por el hasta ahora portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, Jesús Alonso.

Cae el murciano López Bernal, colocado en la diana por el PP

Tal como se daba por seguro, Maza tampoco ha revalidado en el cargo al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, a quien el PP colocó hace ya años en su diana. El relevo de López Bernal plantea el interrogante de qué posición mantendrá el ministerio público a partir de ahora en relación a la causa abierta sobre el presidente autonómico y número 2 del PP regional, Pedro Antonio Sánchez, que deberá declarar en calidad de investigado ante el Tribunal Superior murciano por cuatro delitos en el caso Auditorio justamente como consecuencia de una querella interpuesta por la Fiscalía murciana. A López Bernal le sustituye uno de sus principales colaboradores, José Luis Díaz Manzanera, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales pero que, según fuentes jurídicas, "no era el candidato favorito" de Pedro Antonio Sánchez y que ha venido trabajando estrechamente con su ya virtual antecesor.

Tampoco renueva mandato el andaluz Jesús García Calderón. Le sustituye Ana Tárrago, que ejercía la jefatura granadina y cuyo nombramiento ha provocado recelos en sectores de la fiscalía porque lanzó su candidatura mientras era -y sigue siendo a día de hoy- vocal del Consejo Fiscal.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/23/el_fiscal_que_intento_enterrar_los_correos_secretos_blesa_nuevo_jefe_anticorrupcion_61577_1012.html
SIETE FISCALES ASPIRAN A ENCABEZAR ANTICORRUPCIÓN TRAS JUBILARSE SALINAS
La cúpula del ministerio público se renovará en febrero

Siete fiscales aspiran a encabezar la Fiscalía Anticorrupción, uno de los destinos más complejos del ministerio público, durante los próximos cinco años, tras la jubilación del hasta ahora fiscal jefe, Antonio Salinas. El próximo febrero, de acuerdo con los cálculos iniciales, se producirá la renovación de los destinos más relevantes de la carrera fiscal. Además de Anticorrupción, el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir sobre quién ocupará la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —cargo al que aspiran cinco fiscales, entre ellos el actual jefe, Javier Zaragoza— o la de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La mayoría de los candidatos que se han postulado para sustituir a Salinas proceden de la misma Anticorrupción, según el listado al que ha tenido acceso este periódico. Sobre el papel, la mejor posicionada es la actual teniente fiscal —número dos— de esa fiscalía especializada, Belén Suárez. Esta fiscal, que ha llevado casos como los del saqueo de Marbella, ya se impuso en abril de 2014 para el cargo de teniente a otro de los postulantes para la jefatura, Alejandro Luzón, encargado del caso Bankia, y actualmente en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.

La lista de candidatos a liderar Anticorrupción, sobre cuya idoneidad deberá pronunciarse el Consejo Fiscal —órgano de asesoramiento del fiscal general— es extensa. En ella figura Antonio Romeral, cuya actuación en el caso de los papeles de Bárcenas fue muy discutida por las acusaciones populares por poco incisiva. También están José Miguel Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; y Carlos Alba, especialista en delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006 y María Teresa Gálvez, una de las encargadas del caso Púnica.

El único de los aspirantes que no procede de Anticorrupción es Manuel Móix. Este, sin embargo, tiene a su favor su experiencia de jefatura al frente de la Fiscalía Superior de Madrid, en la que estuvo hasta septiembre de 2015, cuando fue ascendido al Tribunal Supremo.

En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza aspira a un tercer mandato de cinco años. Si la elección fuera por puro escalafón, Zaragoza, el número 7 de los 2.500 fiscales de toda España, no tendría dificultades para repetir en el cargo. Zaragoza compite con su teniente fiscal, Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También tendrá enfrente a Jesús Caballero Klink, fiscal superior de Madrid desde hace 15 meses; al fiscal del Supremo Salvador Viada, que se ha postulado, además, a otras cuatro jefaturas; y a Luis Rueda, número dos de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/22/actualidad/1485107301_051745.html
EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INDAGUE SI HAY DELITO EN LA OBRA DEL CUÑADO DE AGUIRRE
El fiscal jefe pide al juez que investigue si hay delito en la pieza teatral de Ramírez de Haro

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha enviado para que se investigue, al Juzgado de Instrucción 26, una denuncia suscrita por un particular contra la obra teatral Me cago en Dios, cuyo autor es Íñigo Ramírez de Haro, cuñado de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Moix la ha enviado al juzgado porque tenía conocimiento de que su titular, Juan Francisco López Sarabia, estaba tramitando varias denuncias, también de particulares, sobre el contenido y exhibición en el Círculo de esta obra. En total, ya son casi un millar las quejas de ciudadanos enviadas a los juzgados.

Manuel Moix explicó ayer que la denuncia "es escueta y en ella no existe ningún razonamiento", y subrayó que aún no hay un pronunciamiento de la fiscalía sobre si los hechos son o no constitutivos de delito. "Habrá que estudiar el tema despacio y valorar el contenido de la obra", subrayó el jefe de la Fiscalía de Madrid.

El Juzgado de Instrucción 26 investiga este asunto porque fue el primero que recibió una denuncia contra la citada obra teatral. Pero las diligencias judiciales están engordando todos los días: en la última semana se ha producido una avalancha de denuncias, y es muy posible que, a estas alturas, su número sobrepase el millar. Además de todas esas denuncias, existe una querella suscrita por 22 personas contra la obra.

Tanto los denunciantes como los querellantes esgrimen que el autor, el actor e, incluso, los responsables del Círculo de Bellas Artes, donde se escenificó esta obra hasta el pasado día 2, han podido incurrir en un delito que el Código Penal castiga con multa en su artículo 525, apartados 1 y 2. El primer apartado de este precepto penal establece: "Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".

El apartado 2 de este mismo artículo señala: "En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna". "Los hechos no son delictivos", opinó ayer una fuente judicial. "No hay dolo intencional; es decir, se trata de una obra creativa cuyo título es ése, pero no hay un ánimo en sus autores de herir sentimientos ajenos", destacó.

Querella de los feligreses

El juez López Sabia ha remitido a la fiscalía la querella suscrita por 22 personas, la mayoría feligreses de parroquias de Madrid, para que ésta, a su vez, se pronuncie sobre si procede o no el archivo de la misma.

Por tanto, mientras la fiscalía, que podía haber archivado el caso sobre la marcha, ha remitido al juez la denuncia que le ha llegado, éste, a su vez, ha remitido la querella a la fiscalía. El juez ya había archivado algunas denuncias anteriores, pero no ha hecho lo mismo con la querella. Es decir, tanto desde el juzgado, que ha abierto diligencias, como desde la fiscalía, que ha remitido los hechos al juzgado, se ha activado la maquinaria judicial.

Los cientos de denuncias, así como la querella, que está recibiendo el juez López Sarabia aluden a este precepto recogido en el artículo 525 del Código Penal como el infringido con la difusión de la obra en el Círculo de Bellas Artes. La gran mayoría de las denuncias son escuetas y de tipo formulario: los denunciantes se han limitado a escribir su nombre, dirección, rúbrica y DNI. De hecho, en la página web www.hazteoir.com se pueden obtener estos formularios.

Casi todas las denuncias van dirigidas también contra los responsables del Círculo, además de contra Ramírez de Haro; el director de la obra, Pedro Forero, y el actor Fernando Incera. A estas denuncias se suma otro millar de quejas expresadas por ciudadanos a través del servicio de Internet de la Comunidad de Madrid.

Pese a que Me cago en Dios ya ha dejado de representarse en el Círculo de Bellas artes, los responsables del teatro Alfil han anunciado que la obra será representada en su escenario a partir del próximo día 18.

El título de la pieza teatral y la polémica suscitada han provocado llenos de público en el Círculo de Bellas Artes, pero también han acarreado algún problema a esta institución cultural: la presidenta Esperanza Aguirre anunció hace dos semanas que su Gobierno se iba a replantear el sistema de subvenciones económicas al Círculo de Bellas Artes.

http://elpais.com/diario/2004/05/12/madrid/1084361063_850215.html
EL FISCAL DE RATO, AGUIRRE Y BLESA, PREMIADO CON UNA PLAZA EN EL SUPREMO
El Consejo Fiscal, que preside Consuelo Madrigal, acaba de proponer a Manuel Moix para ascender a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Moix fue uno de los que dirigió la detención de Rodrigo Rato

El actual fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, va a ser ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo unas semanas después de su actuación en el 'caso Rato', que provocó el registro y detención del exvicepresidente del Gobierno. El Consejo Fiscal, presidido por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, acaba de proponer su ascenso, siendo ya un hecho que Moix tiene en breve un nuevo destino.

Fuentes fiscales sostienen que este representante del Ministerio Público llevaba tiempo esperando este cambio de destino. Sin embargo, a algunos miembros de la carrera fiscal les llama la atención que este nombramiento se produzca pocas semanas después de que se pusiera en entredicho la actuación de la Fiscalía de Madrid en el asunto que llevó a la detención durante unas horas de Rodrigo Rato.

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, optó por apoyarse en Moix para presentar una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla, en la que se solicitaba que, de manera urgente, se ordenara la entrada y registro de varios domicilios y oficinas vinculadas al expresidente de Bankia por el riesgo de destrucción de pruebas que existía respecto de Rato, en varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Los representantes de la Agencia Tributaria habían trabajado previamente con la Fiscalía Anticorrupción sobre los datos sospechosos en torno a Rato, como ya adelantó El Confidencial, aunque esta rechazó abrir diligencias al encontrarse la investigación de Hacienda en un estado demasiado embrionario. Ante esta negativa, la AEAT acudió a la Fiscalía de Madrid, dirigida por Moix, para actuar de inmediato contra Rato, una vez que se había dado a conocer que este se había acogido a la amnistía fiscal promovida por el ministro Montoro.

Desde Anticorrupción se vio con gran asombro que se hubiera utilizado a la Fiscalía dirigida por Moix para llevar a cabo esa operación cuando por la naturaleza de los delitos la competencia era del Departamento de Antonio Salinas. Es más, tres días después de los registros llevados a cabo el pasado 16 de abril por agentes de Vigilancia Aduanera, tanto en el domicilio de Rato como su despacho y otros locales, Madrigal otorgó la competencia a Anticorrupción para que se hiciera cargo del caso, después de que fuera solicitado por Salinas.

En ese momento, algunas fuentes fiscales vieron con recelo la actuación de Moix, que actuó sin consultar a Anticorrupción, a sabiendas de que sus compañeros ya investigaban a Rato por el 'caso Bankia' y cuando precisamente uno de los delitos por los que se ordenó su registro y detención, por orden de la Fiscalía, era el del levantamiento de bienes tras las sospechas de que Rato estuviera ocultando su patrimonio para no hacer frente a sus responsabilidades pecuniarias en el 'caso Bankia', por el que se encuentra imputado por la fusión y salida a bolsa de la entidad.
Salva a la candidata madrileña

La Fiscalía dirigida por Moix ha tenido un papel relevante en el futuro de la presidenta del PP madrileño y candidata al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, quien está inmersa en un proceso judicial por darse a la fuga de unos agentes de Movilidad mientras estaba siendo multada por aparcar en un carril bus. A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción que la investigara por un delito de desobediencia a la autoridad, por negarse a parar el coche a pesar de ser perseguida tanto por los agentes de Movilidad como por una patrulla de la Policía Municipal, la Fiscalía optó por mantener desde el principio que se trataba de una falta y no de un delito.

Cuando el instructor Carlos Valle optó por archivar el caso, la Fiscalía solicitó que se siguiera por una falta. La diferencia entre una falta y un delito es que Aguirre pudiera seguir en su carrera por la Alcaldía de Madrid. La acusación particular, representada por uno de los agentes que multaron a la exministra 'popular', fue la única que recurrió ante la Audiencia Provincial solicitando que se juzgara a la candidata madrileña por un delito. Sin embargo, el tribunal concluyó que está acusación no tiene legitimidad para solicitarlo y la única parte que podría haberlo hecho era la Fiscalía. Al pedir esta que el proceso se siga por una falta, la Audiencia no puede entrar a valorar si Aguirre pudo cometer un delito por desobediencia, tal y como explicó en su resolución. De esta manera, el proceso queda diluido y la expresidenta de la Comunidad de Madrid sólo tendrá que sentarse en el banquillo en un juicio de faltas, que únicamente lleva aparejada una multa económica.

Moix consiguió la condena al juez del 'caso Blesa'

El propio Manuel Moix fue el fiscal que llevó a juicio y consiguió la condena del juez que encarceló al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Moix lideró en persona la acusación contra Elpidio José Silva por los delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia así como de dos delitos contra la libertad individual, por llevar a prisión al expresidente de la caja de ahorros en dos ocasiones, primero bajo una fianza de 2,5 millones de euros y después sin ella. La acusación de Moix fue confirmada primero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente por el Tribunal Supremo, que ha condenado a 17 años de inhabilitación al magistrado.

Este fiscal, que ahora ha sido ascendido al Alto Tribunal, también se encargó de abrir otra causa contra Silva por un delito de revelación de secretos, tras acusarle de filtrar a la prensa los correos electrónicos de Blesa intervenidos mientras investigaba la compra del Banco de Miami por parte de Caja Madrid. Esta causa está pendiente de llegar a la Sala de lo Penal del TSJM para enjuiciar de nuevo al magistrado.

La Fiscalía dirigida por Moix también intentó salvar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por el 'caso Madrid Arena', que salpicó a la alcaldesa madrileña, Ana Botella, por su mala gestión en la muerte de cinco jóvenes tras una avalancha en el recinto ferial Madrid Arena. En este asunto, también solicitó, en contra del criterio del instructor, el sobreseimiento del exdelegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Antonio de Guindos (hermano del ministro de Economía); y la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Fátima Núñez . El juez, Eduardo López Palop, finalmente ha enviado a juicio a Monteagudo, junto a otras catorce personas, por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-05-21/el-fiscal-de-rato-aguirre-y-blesa-premiado-con-una-plaza-en-el-supremo_852055/
MANUEL MOIX, RENOVADO COMO FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Consejo de Ministros ha renovado hoy a Manuel Moix Blázquez como fiscal superior de la Comunidad de Madrid, además de a Luis Manuel Navajas Ramos y Pilar Fernández Valcarce como fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y a Vicente Máximo Garrido García como fiscal superior de Canarias.

Además, el Gobierno ha renovado a Adela Prieto Alonso como fiscal jefe de área de la Fiscalía de Getafe-Leganés (Madrid), a Enrique Pera Elfau como teniente fiscal de Aragón y a María del Pilar Jiménez Bados como teniente fiscal de Cantabria.

También ha renovado a Antonio Salinas como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce.

De esta forma, Antonio Salinas, de 65 años, y que lleva ya una década en el puesto, acabará su carrera profesional en esta fiscalía especial que lleva los casos judiciales más importantes.

La Fiscalía Anticorrupción es la encargada de coordinar todas las investigaciones de casos de corrupción o contra la delincuencia organizada que llevan a cabo sus fiscales delegados en toda España, desde el caso Gürtel y Bárcenas en Madrid a los ERE fraudulentos de Sevilla, pasando por el caso Nóos en Palma y la trama de las ITV o el Palau en Barcelona.

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5486218/01/14/Manuel-Moix-renovado-como-fiscal-superior-de-la-Comunidad-de-Madrid.html
LA FISCALÍA REDUCE DE 25 A 14 LOS IMPUTADOS EN EL ‘CASO MADRID ARENA’
El ministerio público pide al juez Palop que cierre la instrucción y que empiece el juicio oral

Deja fuera a todos los responsables políticos y policiales del Ayuntamiento de Madrid

La Fiscalía de Madrid ha presentado esta mañana en el juzgado número 51 de Plaza de Castilla un escrito al titular magistrado Eduardo López-Palop en el que pide que termine la instrucción del caso Madrid Arena al entender que no existe ninguna prueba pendiente que vaya a modificar el curso del procedimiento. En el escrito reduce de 25 a 14 las personas imputadas. En especial se centra en los organizadores, con Miguel Ángel Flores a la cabeza, y en los encargados de las compañías de seguridad Seguriber, Kontrol 34 y la empresa municipal que gestionaba el pabellón Madrid Arena, Madrid Espacios y Congresos (Madridec). El ministerio público deja fuera a todos los responsables políticos y policiales del Ayuntamiento de Madrid al entender que no tuvieron una relación directa con la muerte de las cinco jóvenes en la avalancha producida el 1 de noviembre de 2012.

La Fiscalía de Madrid ha dado una inédita rueda de prensa, un procedimiento inhabitual en el ministerio público madrileño. Al frente se ha sentado el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix y el fiscal provincial jefe José Javier Polo, que han relatado los hechos ocurridos en el pabellón municipal y han recordado que fue la negligencia y la falta de control de los responsables de la organización de la fiesta de Halloween la que desembocaron en la muerte de las jóvenes. En concreto, se han centrado en la sobreventa de entradas, que han cifrado en más de 22.000, frente a un aforo limitado de 10.600. Han hablado directamente como presunta responsabilidad de Miguel Ángel Flores. También han relatado que a partir de las dos de la madrugada del día de los hechos, los responsables de seguridad ordenaron que se agilizara la entrada del público y que no se estuviera tan atento a lo que pudieran llevar los asistentes. El desencadenante final se produjo a las 3.09, cuando se ordenó la apertura del portón de emergencia por la que entraron miles de personas cuando estaba actuando el disc jockey Steve Aoki.

De estos 14 imputados solo dos están implicados según la Fiscalía en dos delitos de homicidio por imprudencia. Se trata de los doctores Simón y Carlos Viñals, a los que llevaron tres de las personas que luego fallecieron. A solo dos de ellas les hicieron un masaje cardiaco además de manera incorrecta, ya que pensaban que estaban muertas, cuando solo estaban en parada cardiorrespiratoria. El ministerio fiscal ha criticado la actitud negligente de los dos facultativos que agravaron de manera considerable su actuación y que podrían haber salvado la vida de al menos dos personas.

El resto de los imputados (12) han sido acusados de cinco delitos de homicidio por imprudencia y de nueve de lesiones, también en grado de imprudencia.

Manuel Moix ha destacado que la instrucción del caso ha sido correcta. “Con este escrito tan solo queremos agilizar el proceso y que siga adelante para iniciar el juicio oral lo antes posible y no dilatar aún más este caso”, ha destacado Moix, que ha añadido que no se ha imputado a ningún responsable político ni policial del Ayuntamiento porque no tuvieron relación directa en el sobreaforo, en la avalancha o en las medidas que se tomaron para evitar este hecho. "En ningún momento se puede hablar de accidente porque se podrían haber tomado las medidas necesarias como no vender tantas maneras para evitar que se hubiera producido un hecho de tan graves consecuencias", ha concluido el fiscal jefe de Madrid.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/30/madrid/1406714785_757024.html
EL FISCAL JEFE DE MADRID NO VE RESPONSABILIDAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL MADRID ARENA

El juez quiere plantear un careo entre Madridec y Seguriber debido a sus declaraciones contradictorias. La Fiscalía tampoco se ha planteado volver a tomar declaración a Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho este miércoles que no ve ninguna responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid en la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una avalancha humana en una fiesta de Halloween en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre, aunque también ha matizado que esto no quiere decir que durante la instrucción salgan pruebas y, al final, el Ministerio Fiscal pueda cambiar de opinión. "La Delegación del Gobierno inspecciona cuestiones técnicas", ha subrayado el fiscal superior de Madrid, quien ha considerado que ninguna de esas cuestiones influyó directamente en la muerte de estas chicas. Para Moix, la responsabilidad de los hechos es de las personas que se encontraban en el evento el día de los hechos, vieron que el pabellón estaba masificado, detectaron que varias salidas estaban cerradas, permitieron la libre circulación de personas por las distintas plantas del pabellón, sin controlar el aforo, y abrieron accesos que facilitaron la entrada de cientos de jóvenes al recinto. Para Moix, la responsabilidad es de las personas que estaban en el evento el día de los hechos El fiscal superior de Madrid se ha referido además a la difusión de las comunicaciones internas de la jefa de la Unidad de Policía Municipal en Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, en las que atribuye la tragedia del Madrid Arena al consumo de alcohol o de estupefacientes en malas condiciones o no en las condiciones adecuadas. Ha opinado que hay que interpretar estas comunicaciones "en sus justos términos", al tiempo que ha señalado que Cándida Jiménez "no estaba en el Madrid Arena, no disponía de información concreta sobre los hechos e hizo unas observaciones en función de la información de la que disponía, que no era la correcta". Por otro lado, Moix no se ha planteado por el momento volver a tomar declaración como imputado al organizador de la fiesta del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, tras hacerse publico un vídeo en el que supuestamente el promotor aparece apartando una valla que facilitó el acceso de jóvenes al recinto. El Ministerio Público tampoco se ha planteado todavía solicitar una ampliación de las medidas cautelares impuestas al empresario en el marco de la investigación, a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, sobre las circunstancias que provocaron la muerte de cinco jóvenes por una avalancha en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre. No se distingue quién retira la valla Moix ha señalado que en el vídeo publicado el pasado lunes no se distingue claramente quién retira la valla para despejar la entrada de jóvenes al pabellón y ha indicado que esas imágenes no son las que tiene la Policía Nacional ni las que las partes visionaron en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. "El vídeo no aporta nada a la causa", ha afirmado, ya que tanto si el empresario hubiese abierto materialmente la puerta de acceso al recinto como si él lo hubiese ordenado a otro, la responsabilidad sobre los hechos sería la misma. Ha defendido la hipótesis de que la responsabilidad directa de los hechos es del organizador del evento (Miguel Ángel Flores), de los vigilantes de seguridad (Seguriber) y de los responsables de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) que estaban en el pabellón la noche del 1 de noviembre. La Fiscalía adoptará una decisión sobre la calificación jurídica de los hechos al final de la instrucción, después de valorar el conjunto de las pruebas, a la hora de formular su escrito de acusación, ha apuntado Moix, quien ha rechazado hacer valoraciones sobre su postura procesal cada vez que se practica una nueva prueba. El fiscal culpa directamente a Flores, Madridec y Seguriber

En esta línea, el juez Eduardo López Palop, que instruye el caso, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la posible conveniencia de que haya un careo entre responsables de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) y Seguriber por las contradicciones sobre quién ordenó abrir el portón. Para la investigación judicial, el conocimiento de la persona que realizó esta orden es clave, ya que por este acceso entraron miles de jóvenes de forma descontrolada. Ello habría provocado, según el juez, que la pista central se masificará y se produjeran las avalanchas que desencadenaron la tragedia. En la instrucción, el jefe de Equipo de Seguriber la noche de la tragedia en el Madrid Arena, Raúl Monteverde, aseguró que fue el coordinador de Operaciones y Proyectos de Madridec, Francisco del Amo, la persona que ordenó a Seguriber abrir el citado portón. De igual modo, el coordinador de vigilantes de Seguriber, José Nalda París, ratificó estas afirmaciones. Madridec dice que fue un subalterno de Flores quien abrió el portón El pasado 9 de abril, el responsable de Madridec en la fiesta, José Ruiz Ayuso, sostuvo ante las partes que la persona que ordenó abrir esta puerta situada en la zona de las mercancías fue Santiago Rojo, director de Diviertt y mano derecha de Miguel Ángel Flores. Además, dijo que solo los trabajadores de Seguriber tenían el mando de la puerta. Además, el juez ha pedido a Madridec el número del teléfono fijo que está instalado en el control de cámaras después de que Ayuso desvelase este dato. Por ello, solicita las llamadas efectuadas esa noche.

http://www.20minutos.es/noticia/1789422/0/fiscal/manuel-moix/madrid-arena/#xtor=AD-15&xts=467263
LA JUEZ DENIEGA LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ Y GRANADOS POR EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Carmen Valcarce también cierra la puerta a que presten testimonio tres policías que habrían participado en la 'gestapillo' financiada con fondos públicos.

Antonio Coronado, agente de la Guardia Civil, lleva seis años imputado por el espionaje en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Junto a él se sentaran en el banquillo tras el verano otros dos guardias civiles, José Luis Caro y José Oreja; dos ex directores de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón y Miguel Castaño, y un funcionario autonómico, José Manuel Pinto. Todos están acusados de malversación de fondos públicos por utilizar medios de la CAM para espiar al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al número dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo.

El pasado viernes, Coronado dio un paso más. Su abogado presentó un escrito en el que relata cómo Ignacio González, vicepresidente de la CAM en ese momento, ordenó crear la “gestapillo” y espiar a los oponentes dentro del PP de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Por eso también se solicitó la declaración del propio González y de Francisco Granados, ahora en prisión por la Operación Púnica.

“El señor Gamón [director general de Seguridad en el momento de los hechos] y el señor Castaño [subdirector de Seguridad] nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas”. Así de explícito es el documento que no ha investigado la jueza, Carmen Valcarce.

No es el único testimonio por el que la instructora se ha visto obligada a reabrir la causa archivada en dos ocasiones, los otros dos guardias civiles y la mujer del ex director de seguridad, Sergio Gamón, también han apuntado directamente a que las órdenes sobre el espionaje las daba el propio ex presidente.

“Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”, añade Coronado. Pero Granados tampoco hizo nada.

Policías implicados

Según el testimonio aportado por Coronado y sus compañeros guardias civiles, al menos tres policías también estaban al tanto de lo que ocurría en la CAM y participaron en los espionajes, al igual que eran conocedores de lo que ocurría, presuntamente, el jefe de la UDEF José Luis Olivera y el ex jefe Jaime Barrado.

Defensas y acusaciones populares y particulares sí se mostraron favorables a que prestasen testimonio y se quejan “de la inactividad de la fiscalía encabezada por Manuel Moix para que este caso se investigue”. El más esperado hubiera sido el testimonio del comisario Jaime Barrado quien, como adelantó Público, fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana debido a una investigación interna abierta tras haber denunciado que en varias investigaciones, incluida esta de los espías de la Comunidad de Madrid, se habría visto envuelto el comisario José Manuel Villarejo Pérez.

Sin embargo, la jueza Valcarce denegó la declaración de todos los policías y aclaró al abogado, según cuentan a Público algunos de los presentes en la sala, que “al final querrá que venga a declarar hasta el comisario Villarejo, que está todos los días en los medios”.

La ex mujer de Gamón

Quién sí declarará será la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón. Según manifestó en diversas ocasiones, su marido recibía constantes llamadas de Ignacio González preguntando por los seguimientos a Alfredo Prada y a Manuel Cobo.

Además ha puesto en conocimiento de las partes y del juzgado que está siendo amenazada desde que dio su testimonio. Según lo expuesto, Gamón tiene una orden de alejamiento que “incumple de manera continua”. La mujer ha advertido de que también “está siendo seguida y de que, en una ocasión, las personas que la seguían han intentado provocarla un accidente sacándola fuera de la carretera”.

http://www.publico.es/politica/juez-deniega-declaracion-gonzalez-y.html
EL FISCAL MOIX Y SU "DOCTRINA AGUIRRE"
La actuación del fiscal Moix en el "caso Aguirre", rechazando la calificación de delito de desobediencia frente al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, poco tiene que ver con la defensa de la legalidad y del interés público que debe presidir siempre la actuación del Ministerio Fiscal.

A propósito de la imputación de Esperanza Aguirre por la presunta comisión de un delito de desobediencia, algunas aclaraciones resultan necesarias. En primer lugar, hay que detenerse en la denuncia presentada por agentes de movilidad y por policías municipales contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ya sabemos que Aguirre había estacionado en el carril bus de una calle céntrica de Madrid de gran tránsito (concretamente, la Gran Vía) y también que, cuando ella volvió, se encontró con dos agentes de movilidad que estaban tomando los datos del vehículo. Éstos le pidieron la documentación, lo que no es más que una función rutinaria de los agentes de circulación cuando avistan una conducta sancionable.

Entregó algunos documentos, no todos los requeridos, y se dispuso a arrancar el motor. Le dijeron los agentes que no se marchara y que facilitara la documentación requerida. Como quiera que persistía en su actitud de abandonar el lugar, uno de los agentes se interpuso en su trayectoria indicándole que se detuviese. Ella no se detuvo y el agente “tuvo que desplazarse unos metros y retroceder, terminando éste por apartarse de la trayectoria del vehículo". Es decir, que se apartó para evitar ser atropellado. Lo cual no indica ningún delito distinto a la desobediencia, pero sí aumenta la intensidad de la gravedad de la conducta, que la hace merecedora de calificarse como delito y no como falta.

Además, no quedó ahí el percance: en la huida colisionó con una de las motos de los agentes, lo que, además, produjo daños materiales. Este hecho también añade intensidad a la conducta, lo que impediría calificarla como falta, sin perjuicio de que el propietario del vehículo decida reclamar por los daños en concepto de responsabilidad civil (sea al Ayuntamiento de Madrid, sea la entidad propietaria del vehículo dañado, sea la empresa aseguradora del mismo).

Seguimos, pues el “percance” tampoco finalizó aquí. La condesa Aguirre y Gil de Biedma fue perseguida por los agentes de Movilidad y por un vehículo oficial de la Policía Municipal, con dos agentes de Policía que se sumaron a la persecución (con señales acústicas y luminosas), hasta llegar a su domicilio. A estas alturas, la fugada debía tener muy claro que estaba siendo perseguida, pero persistió en su actitud y no se detuvo, lo cual suma otro "poco" más al delito y se aleja la tesis de la simple falta.

A ello hay que añadir la insolencia y el menosprecio hacia la autoridad por parte de Aguirre, al dirigirse verbalmente a los agentes con expresiones tales como “¿Qué pasa? ¿Bronquita y denuncia? Venís por mí porque sabéis que soy famosa”, entre otras lindezas.

Valorada en conjunto, esta actitud ha sido calificada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid como delito y no falta, debido a su “desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos (…) acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los citados Agentes”.

Según abundantísima jurisprudencia, esta conducta debiera ser calificada como delito y no como falta. Se trata de lo que viene a describirse como el dolo (intención) específico de burlar y escarnecer el principio de autoridad.

Pero, parece ser que la Fiscalía de Madrid -concretamente el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix- entiende lo contrario. El Derecho es una disciplina que se aplica conforme a criterios que vienen a complementar la valoración que el juez haga de los hechos que conozca en cada caso. Se va enriqueciendo su aplicación con la doctrina y jurisprudencia, de tal forma que, apartarse de una doctrina concreta en un caso particular, requeriría una explicación razonable que nos haga pensar que el cambio de doctrina no se debe, casualmente, a que la denunciada sea una persona de gran notoriedad pública y de enorme influencia política.

Cuesta creer que el fiscal Moix no controle ni conozca, aun someramente, el delito de desobediencia, pues es un tipo penal del que hay abundantes estudios doctrinales e ingente jurisprudencia. La insoportable ignorancia de esta doctrina por parte de Manuel Moix, en este caso, es lo que cabe presumir (esforzándonos mucho). Porque si no fuera así, estaríamos hablando ya de vulneración del principio de igualdad, de inseguridad jurídica e, incluso, de arbitrariedad de los poderes públicos, que es -si cabe- más intolerable aún.

Lo que sí parece estar claro es que el fiscal superior de la Comunidad de Madrid domina perfectamente el Derecho procesal: en el enjuiciamiento por faltas no es obligada la presencia del denunciado y la condena, en caso de haberla, no se incluye en el Registro de penados y rebeldes, no conlleva antecedentes penales. En el caso de delitos, la lectura -como ya se habrá imaginado el lector- es la contraria.

Que nadie se lleve a engaño. La Audiencia Provincial de Madrid no ha dictado sentencia, ni mucho menos. Sólo ha tenido en cuenta los hechos denunciados en el atestado y, a partir de ahí, ha realizado un análisis jurídico que le ha llevado a concluir que los hechos serían delito y no falta. Se trata de los mismos elementos con que ha contado la Fiscalía y, hete aquí, que ésta no ha caído en la cuenta...

Por eso, lo más importante del auto dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial no es la conducta de Aguirre (no especialmente grave comparada con otros delitos del Código Penal) ni su legítima expectativa de salir bien librada (como cualquier sospechoso de cometer delito), ni siquiera su reacción atacando a los jueces (¿existe algún imputado satisfecho con su situación?). Lo más significativo es el reproche que se transmite al fiscal.

En efecto, el auto de la Audiencia comienza apoyando la personación de la acusación popular (cuestionada en el recurso de apelación) y justificándola porque defiende un interés ciudadano (el orden público), sobre todo "cuando el fiscal no actúa con demasiado celo" (en el auto se cita esta frase extraída de una sentencia del Tribunal Supremo). Agudísima respuesta y recriminación inequívoca en este concreto caso, en el que, además, hemos visto el particular empeño del fiscal Moix (recuérdese, fiscal superior de la Comunidad de Madrid) en defensa coincidente con el abogado de Aguirre.

No olvidemos que el Ministerio Fiscal debe defender la legalidad y el interés público y de los ciudadanos. Se ha venido a decir, incluso, que es el defensor del statu quo. Hemos asistido estos últimos años a actuaciones de los fiscales quienes, en nombre del orden público, no han dudado en criminalizar escraches, en amparar detenciones arbitrarias en el curso de manifestaciones de la ciudadanía, han solicitado altísimas penas de prisión en casos destacados de protesta social como el del Parlament, han dejado pasar detenciones dudosamente legales (incluso presuntamente delictivas) contra personas que pacíficamente se han manifestado en contra de la monarquía, y así hasta un largo etcétera. En el caso de Esperanza Aguirre, el bien jurídico "orden público" parece que ha caído en el olvido.

Vista a lo largo del tiempo, la actuación del fiscal Moix no parece estar guiada por la defensa del interés ciudadano. Por un lado, destaca su particular gesta contra el juez Elpido Silva (quien encarceló al poderoso Blesa) y su pertinar rechazo público al movimiento 15M. Pero por otro, defiende también públicamente a la señora Aguirre, cuando es clamorosamente claro que su actuación es merecedora de ser calificada como delito, pretendiendo, de paso, cambiar la doctrina imperante en este sentido.

http://www.eldiario.es/contrapoder/delito_de_desobediencia-Esperanza_Aguirre-impunidad_6_301379872.html
LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ SILVA POR LA DETENCIÓN ILEGAL DE BLESA
Le acusa de un delito contra la libertad individual, otro de prevaricación y un último continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia

La Fiscalía ha interpuesto una querella contra el juez Elpidio José Silva por dos delitos contra la libertad individual por haber ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, otro de prevaricación y un último continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia.

Así lo ha expuesto el Ministerio Público en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que afirma que incumplió sus «deberes legales» al ordenar el ingreso en prisión de Blesa en dos ocasiones, la primera eludible bajo fianza de 2,5 millones y la otra de forma incondicional

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, subraya que acordó estas medidas «radicalmente» opuestas a derecho a instancias de Manos Limpias, que no estaba personada como acusación en la causa de la compra del City National Bank de Florida, y sin haber riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Además, el fiscal, que solicita que se tome declaración por estos hechos a Silva y, en calidad de testigos, al propio Blesa y a su abogado, asegura que las dos prisiones son «incompatibles entre sí», pues son alternativas, y que cuando envió a la cárcel a Blesa apenas 20 días después de haberlo hecho bajo fianza, omitió resolver sobre la devolución de misma.«Está situación en la que se colocó al imputado, nació única y exclusivamente de la voluntad del querellado, ya que no se encuentra amparada por ninguna interpretación posible en derecho», destaca.

Así, le acusa de diseñar una «estrategia» para abarcar la causa del CNB, que desgajó de la de un préstamo de 26, 6 millones a Marsans, aceptando una ampliación de la denuncia inicial de Manos Limpias y dándole un carácter de «ampliación durmiente», para «despertarla» en el «momento propicio».Con ello, a través de razonamientos «alambicados y forzados», pretendió disponer de «elementos de cargo suficientes» para adoptar estas medidas, convirtiendo la compra del CNB en «el instrumento utilizado conscientemente» para «vulnerar el derecho a la libertad» de Blesa.

A lo largo de 37 folios, y recogiendo los argumentos que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a anular la causa, el fiscal cuestiona todas las resoluciones que el juez ha dictado desde que decidiera abrirla en enero de 2010.Lo hizo admitiendo «una muy genérica e imprecisa denuncia» del sindicato contra Blesa y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la concesión del préstamo, que él mismo archivó el mes siguiente.

Relata que el querellado reabrió las actuaciones sin «la más mínima motivación jurídica», ya que «no se había generado ni tampoco había aparecido» con posterioridad al archivo «dato nuevo alguno que lo justificase».A partir de noviembre de 2012, inició a instruir la causa sabiendo «de la total carencia de cualquier tipo de fundamentación que pudiera justificarla o ampararla», convirtiéndola en un procedimiento que «ya no se limitaba al concreto hecho objeto de la denuncia, sino que se proyectaba como una instrucción judicial general e innominada».El escrito recoge también que el titular del Juzgado número 9 de Madrid asumió la causa reproduciendo un artículo de Wikipedia que, bajo el epígrafe «La crisis de Bankia y sus consecuencias -mayo 2012-», relataba hechos posteriores a esa fecha que ya estaban siendo instruidos en la Audiencia Nacional.

Moix le acusa del retraso en resolver sobre todos los recursos presentados contra sus resoluciones, y ello porque su voluntad fue desde el principio la de abarcar la causa de la compra del banco estadounidense, a pesar de que él mismo había aludido a la «falta de conexidad» entre ambos hechos.

También de tener el «espúreo» y «perverso» fin de limitar la intervención de las defensas en el procedimiento al ordenar el secreto de las actuaciones en febrero pasado.«Sorpresivamente», también abrió una causa contra el letrado de Blesa por obstrucción a la justicia, incurriendo en una «vulneración clamorosa» de los derechos del banquero al citarle en ella como testigo, ya que le obligaba a declarar contra sí mismo.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/07/19/fiscalia-querella-contra-juez-silva-detencion-ilegal-blesa/00031374229844538133494.htm
EL FISCAL JEFE DE MADRID SE ALÍA CON AGUIRRE EN SUS ATAQUES AL 15-M
Manuel Moix, fiscal superior de Madrid afirma que los indignados "exteriorizan su ignorancia sobre la convivencia democrática"

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, no está sola en la guerra que ha declarado al movimiento ciudadano del 15-M. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, se sumó este martes a las palabras de la presidenta, quien el lunes llamó 'camorristas' y 'pendencieros' a los indignados, y cargó contra contra el 15-M al considerar que con sus protestas está ignorando el principio de la convivencia democrática.

'Ningún derecho, ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es absoluto', dijo Moix durante el acto de apertura del Año Judicial en la Comunidad de Madrid. Añadió que todos los derechos tienen sus límites, y el primero es el respeto a los derechos de los demás.

Para el fiscal de Madrid, conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, obstaculizar parlamentos autonómicos o corporaciones locales democráticamente elegidos por los ciudadanos o impedir ejecutar resoluciones judiciales firmes, 'deslegitiman a los que así actúan y con ello exteriorizan su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática'.

Moix precisó que 'incumplir una decisión judicial puede ser un delito de desobediencia a la autoridad judicial, como también es un delito ocupar ilegalmente una vía pública porque quiero, por mi voluntad'.

'Ha habido una tolerancia mal entendida', puntualizó. El fiscal superior de Madrid cree que nunca se puede simpatizar con los infractores porque el que infringe la ley lleva la consiguiente corrección.

En presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, el fiscal recalcó que un proceder institucional que se pueda interpretar como 'pasividad', 'tolerancia' e incluso 'simpatía con los infractores', trasluciría 'debilidad' y 'desconfianza'.

http://www.publico.es/espana/fiscal-jefe-madrid-alia-aguirre.html
LA FISCALÍA NO INVESTIGARÁ LA RED DE ESPIONAJE EN MADRID
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho este martes a EFE que la Fiscalía investigará un supuesto seguimiento y espionaje de altos cargos del Gobierno regional si recibe una denuncia al respecto, como ha anunciado hoy la presidenta Esperanza Aguirre, aunque por ahora no ve indicios de delito.

Moix ha hecho estas declaraciones después de que el diario El País publicara hoy que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero".

La Fiscalía, ha señalado, no va a actuar de oficio porque entiende "que de los datos que se expresan en el periódico de hoy no hay indicios suficientes como para entender que hay una actividad delictiva".

Sin embargo, añade, "si la presidenta de la Comunidad nos presenta una denuncia nosotros vamos a abrir unas diligencias de investigación, obviamente, como hacemos con todas las denuncias, porque es nuestro deber dar un trámite a todas las denuncias e investigarlas".

Tras precisar que esa denuncia no ha llegado todavía a la Fiscalía, Moix ha explicado que, a tenor de lo publicado, "lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito".

No lo es, ha puntualizado además, porque "ese seguimiento se ha realizado con información que dimana de la propia Comunidad, por lo tanto alguien en la Comunidad ha dicho este señor va a estar en este sitio y en este sitio, y es la propia Comunidad la que da esos datos y no vemos actividad delictiva ninguna con los datos que salen en el periódico".

"Ahora -ha advertido- si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".

Esta postura de la Fiscalía es exactamente la misma respecto a la información que publicó ayer El País sobre que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior encargue a un grupo de asesores informes sobre tramas de corrupción o escándalos en ayuntamientos.

"Se dice -ha resumido el fiscal superior- que hay unos asesores que trabajan contratados, como todos los cargos públicos tienen sus asesores, y que realizan unas funciones para la Consejería de Presidencia y eso, así dicho, no es nada".

Como en el otro caso, Moix advierte, no obstante, de que la Fiscalía actuará "si hay otro tipo de actividad que se pueda acreditar y salen datos de esa otra actividad distinta y vemos que esa puede ser constitutiva de delito".

Por otra parte, el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal".

Conde ha incidido en que desde su departamento no se trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".

http://www.elimparcial.es/noticia/31455/madrid/la-fiscalia-de-madrid-dice-que-no-hay-datos-fechacientes-para-investigar-la-red-de-espionaje
EL NUEVO FISCAL JEFE ORDENA RETIRAR LOS CARTELES DE UNA CENA EN HOMENAJE A SU ANTECESOR EN EL CARGO
Fiscales progresistas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid censuraron ayer la actitud del nuevo fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, quien, según ellos, ha ordenado retirar de las paredes de las distintas sedes de la fiscalía los carteles en los que se convocaba a la plantilla a una cena en homenaje al ex fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo. La cena está previsto que se celebre el próximo día 26.

Antonio Camacho, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, tacha de "sorprendente" la actitud de Moix, quien, según Camacho, ordenó en la mañana de ayer, "visiblemente enojado", retirar los carteles alegando que "no se trataba de un acto institucional".

En un comunicado remitido a este periódico, Camacho explica: "La convocatoria de la cena se hizo pública la semana pasada mediante distribución directa [de carteles] entre los fiscales y otras personas del entorno profesional, y la colocación en los tablones de anuncios de las distintas sedes de la fiscalía de unos carteles en los que se indicaba la fecha y lugar de la cena y se facilitaban los nombres de los fiscales a quienes era preciso dirigirse para formular la reserva de la mesa".

En esos carteles, "se facilitaban los nombres de varios decanos de sedes de la fiscalía que, obviamente, habían asumido con naturalidad" la tarea de anotar los nombres de los interesados en acudir a la cena, tal como se ha hecho en anteriores ocasiones con motivo de la despedida de algún fiscal. Según Camacho, Moix se enfadó y "pidió explicaciones a algunos de los referidos decanos y la inmediata retirada de los carteles en cuestión, orden que fue ejecutada acto seguido".

"Actitud preocupante"

Camacho afirma que Moix debe dar explicaciones por su actitud, y asegura que es "muy preocupante" que el nuevo fiscal jefe de Madrid "ofrezca una imagen tan extremadamente autoritaria, confundiendo aparentemente las facultades de su cargo con la condición de propietario de la fiscalía".

Camacho añade: "[Moix] se autoatribuye la capacidad para consentir, censurar o prohibir, según su gusto personal, las actividades que, fuera del ámbito orgánico y funcional que le compete, lleven a cabo los fiscales, con o sin su consentimiento o permiso. Incluyendo, claro está", matiza Camacho, "aquellas que supongan la normal utilización de medios y espacios comunes en los que habitualmente pueden verse, o al menos así era hasta ahora, sin problema ni obstáculo alguno, las más variopintas manifestaciones de actividades diversas, desde propuestas para compartir piso hasta ofertas laborales y de organización de actos deportivos; y, por supuesto, actos similares al que ahora". Camacho considera que la actitud de Moix vulnera "el más elemental ejercicio de la libertad y el más natural sentido del compañerismo profesional".

http://elpais.com/diario/2003/09/19/madrid/1063970662_850215.html

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